Las redadas migratorias cumplen este domingo un mes de acciones consecutivas en el área metropolitana de Los Ángeles, que ha plantado cara al Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, con múltiples manifestaciones y demandas legales, lo que convierte a la región y su gente en un icono de resistencia.
El 6 de junio marcó el inicio de las más seria ofensiva en décadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el condado de Los Ángeles, donde hay cerca de un millón de indocumentados.
Los operativos indiscriminados de agentes sin identificación, con el rostro cubierto, fuertemente armados y en vehículos particulares han inundado estacionamientos, paradas de autobús y espacios públicos, con unos arrestos de los que ni los propios ciudadanos estadounidenses se han salvado.
Las redadas migratorias en cifras
Entre el 6 y el 22 de junio, los agentes migratorios arrestaron a 1.618 extranjeros en Los Ángeles y las regiones circundantes del sur de California, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Los datos más recientes no han sido revelados.
“Hay mucho miedo, no se sabe qué día le va tocar a uno. Pero igual toca salir a trabajar mirando para un lado y para otro”, resume a EFE sus últimas semanas el mexicano Pedro Gutiérrez.
Incluso en este fin de semana largo en el que se celebra la Independencia de Estados Unidos (4 de julio), se reportaron múltiples operativos y arrestos del ICE en Los Ángeles.
Entre toda la zozobra, Gutiérrez, que no tiene estatus legal, siente que la situación “podría ser peor, como en Florida”, y asegura que la respuesta de la comunidad angelina le ha dado esperanza.
“He aprendido sobre los derechos que tengo y los videos de la gente sacando a la migra de las calles le da a uno como ganas de seguir en la lucha”, dice, con sentimiento.
La comunidad unida de Los Ángeles
Los Ángeles se ha convertido en el símbolo de resistencia contra la política migratoria de Trump. Desde el 6 de junio, numerosas organizaciones rechazaron las redadas, al igual que altos funcionarios electos como la alcaldesa Karen Bass y el gobernador de California, Gavin Newsom, a los que la Casa Blanca amenazó con arrestar, y el senador Alex Padilla, empujado y esposado por el Servicio Secreto cuando intentó cuestionar a la secretaria del DHS, Kristi Noem, sobre las detenciones.
También se registraron algunos actos violentos durante cuatro días, que fueron usados por Trump para enviar a cerca de 5.000 militares a proteger edificios federales.
Pero la presencia de los soldados no ha logrado acallar los gritos de “fuera ICE”, que han complicado la efectividad de los operativos y la estancia de los agentes.
Los republicanos han puesto en la mira a organizaciones comunitarias como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA) y el colectivo Unión del Barrio, y han pedido investigarlas.
Sin embargo, la respuesta ciudadana ha superado con creces la presión de Trump, y van en aumento más voces que rechazan las redadas, entre las que se cuentan dueños de negocios.
Apoyo legal para inmigrantes detenidos en EE.UU.
El pulso ya se trasladó a los tribunales: el pasado miércoles, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Public Counsel, junto a otros grupos, presentaron una demanda para impedir que los agentes migratorios continúen con las redadas, declarar inconstitucionales las tácticas de arrestos y permitir el acceso a abogados a los inmigrantes detenidos.
La querella alega que los agentes usan un «perfil racial» en sus arrestos indiscriminados, que han sido catalogados como “secuestros”.
Los abogados esperan obtener en los próximos días una orden de restricción que se aplicaría a siete condados del sur de California.
El Gobierno Trump también fue demandado por un millón de dólares por un ciudadano estadounidense detenido por Inmigración, que atestigua haber escuchado a los agentes alardear sobre la cantidad de inmigrantes que habían capturado y celebrarlo chocando su manos.
Los esfuerzos ahora también se centran en ayudar legalmente a los detenidos, en su mayoría sin antecedentes penales y con años viviendo en el país.
En este sentido, Jorge Mario Cabrera, vocero de CHIRLA, dijo a EFE que al cumplirse un mes del asedio migratorio en Los Ángeles, es importante que el recuento de los daños no se reduzca a las cifras de personas detenidas.
“Es importante que miremos con firmeza a los ojos de las caras de las familias afectadas y les demos respuestas y regresemos a sus seres queridos”, puntualizó.
..........
Señor Lector, este es solo un reporte. La información completa está en la edición impresa de El Potosí.
