El Gobierno estadounidense consideró este viernes que la ratificación por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio “no es creíble”.
“Esta resolución carece de toda credibilidad dada la abrumadora evidencia de que González recibió la mayoría de los votos”, dijo en un comunicado el Departamento de Estado en referencia al abanderado de la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia.
La nota destacó que las actas “disponibles públicamente y verificadas de forma independiente muestran que los votantes venezolanos eligieron a Edmundo González como su futuro líder”.
“Hay que respetar la voluntad del pueblo venezolano. Ahora es el momento de que las partes venezolanas comiencen a hablar sobre una transición pacífica y respetuosa de acuerdo con la ley electoral venezolana y los deseos del pueblo venezolano”, sostuvo el Departamento de Estado.
EE.UU. ve que la ratificación de Maduro puede ampliar la crisis en Venezuela
El TSJ, controlado por magistrados afines al chavismo, confirmó el jueves que los cuestionados resultados de las elecciones de julio le dieron la victoria a Maduro.
Su fallo, con el que esa corte concluye de manera “inequívoca e irrestricta” la revisión de las elecciones, se produce 22 días después de que el propio Maduro solicitara este proceso, a través de un recurso de amparo que nunca se conoció y por el que el TSJ convocó a los diez excandidatos presidenciales.
El Ejecutivo estadounidense subrayó este viernes que “los continuos intentos de reclamar fraudulentamente la victoria de Maduro solo exacerbarán la crisis actual”, y pidió además al presidente venezolano “liberar a los detenidos por ejercer su derecho a la libre expresión”.
“Estados Unidos y la comunidad internacional seguirán defendiendo a los votantes venezolanos, cuya voluntad y derechos han sido socavados de forma continua desde el 28 de julio. Estamos dispuestos a apoyar un proceso inclusivo liderado por Venezuela para restablecer las normas democráticas”, concluyó el Departamento de Estado.
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