El recurso a los trabajos forzados en Corea del Norte, del que son víctimas desde prisioneros a soldados o ciudadanos en el exterior, está “profundamente institucionalizado” en el país y en algunos casos roza la esclavitud, un crimen contra la humanidad.

Un informe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos presentado el martes, elaborado mediante entrevistas efectuadas en la última década a 183 norcoreanos huidos del país y ahora residentes en Corea del Sur, ofrece detalles sobre esta explotación en el aislado régimen de los Kim.

Condiciones “intolerables”

“Fueron forzados a trabajar en condiciones intolerables, a menudo en sectores peligrosos, sin salario, libre elección, posibilidad de renunciar, protección, atención médica, tiempo de descansos, alimentos y alojamiento”, resumió al presentar el informe el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Türk.

Los trabajadores además eran sometidos a vigilancia constante, eran golpeados con frecuencia, y en el caso de las mujeres (principales testimonios del trabajo forzado en centros de detención) a menudo eran víctimas de violencia sexual, subrayó el alto comisionado austríaco.

El informe identifica distintos tipos de trabajos forzados en Corea del Norte, como los impuestos en prisiones y otros centros de detención, los que sufren empleados cuyo puesto de trabajo ha sido asignado por el Estado (algo muy habitual en el régimen comunista), o los observados en soldados del ejército.

También hay este tipo de explotación que viola los derechos humanos en ciudadanos enviados al extranjero para enviar divisas al régimen, los convocados a movilizaciones especiales o los miembros de las llamadas “brigadas de choque”, normalmente en los sectores de agricultura y construcción.

Violencia sexual

Algunos de los testimonios más crudos del informe son los ofrecidos por más de un centenar de mujeres condenadas a trabajos forzados después de ser repatriadas a la fuerza tras cruzar la frontera ilegalmente (normalmente suele ser la que separa a China y Corea del Norte, aunque el informe no lo especifica).

Tras haber caído en redes de tráfico de personas que a veces les obligan a prostituirse o a contraer matrimonios forzados, son repatriadas y en detención sufren a menudo violencia sexual, física, a veces abortos forzados y denegación de servicios médicos e higiénicos.

Detenidas en prisiones, campos de reeducación y otros centros de detención, las víctimas relatan la dureza de las condiciones de vida y de trabajo en tareas agrícolas, industriales y de otros tipos en las que a menudo tenían que cumplir cuotas diarias de producción y recibían palizas o eran privadas de alimento si no las cumplían.

“Me enviaron a cultivar maíz, col, rábanos… no había maquinaria, así que siete u ocho tirábamos de un carro que normalmente se usaría con bueyes”, cuenta una de estas mujeres.

Prisioneros explotados

Otro detenido, destinado al trabajo de la construcción, relató en el informe que pasaba tanta hambre que comía malezas y hierba, lo que le enfermó, mientras otro, asignado a un grupo que cargaba sacos de cemento, contó que no disponían de mascarillas, respiraban constantemente el polvo del cemento y “apenas podían respirar”.

En el ejército norcoreano, añade el informe, los soldados, que en muchos casos tienen que cumplir un servicio militar de diez años o más, son frecuentemente obligados a trabajar también en agricultura o construcción, en condiciones peligrosas y sin las adecuadas medidas de salud y seguridad.

Una antigua enfermera entrevistada para el informe relató que muchos de los soldados que trató presentaban síntomas de malnutrición, que en los peores casos degeneraban en tuberculosis.

Salir del país y seguir explotado

En el extranjero, ciudadanos norcoreanos -a menudo con ciertos privilegios sociales- son obligados a donar al Estado el 90 % de sus ganancias, en sectores como los ya mencionados (agricultura, construcción) aunque también los hay en la profesión médica o en hostelería.

Para mantener el control sobre estos ciudadanos en el exterior, se les confiscan sus pasaportes, son constantemente vigilados y suelen vivir en muy malas condiciones, sin apenas tiempo libre ni contacto con sus familias en Corea del Norte, indica el informe.

En general, el régimen controlado por Kim Jong-un, heredado de su padre y de su abuelo, controla y explota a sus ciudadanos “a través de un extenso sistema de trabajo forzado a varios niveles” destinado a los intereses del Estado más que de la ciudadanía, concluye el estudio de Naciones Unidas.

Un sistema en el que cada norcoreano, tras completar los estudios o el servicio militar, es asignado a un lugar de trabajo sin elección, ni posibilidad de formar sindicatos, y donde vive bajo la amenaza de ser detenido si no acude a trabajar, aunque a veces no reciba un salario por ello.

A la vista de las conclusiones del informe, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pide a Corea del Norte la abolición de estos trabajos forzados “y poner fin a todas sus formas de esclavitud”.

Solicita además al Consejo de Seguridad de la ONU que dirija el caso a la Corte Penal Internacional.

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