La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú recibió una denuncia constitucional por cohecho contra la presidenta Dina Boluarte. Esta acusación se presentó la semana pasada por parte del fiscal general interino, Juan Carlos Villena, como parte del caso ‘Rolexgate’.

La presidenta de la subcomisión, la derechista Lady Camones, pidió que se informe los detalles de la denuncia constitucional 492 presentada contra Boluarte por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio.

La denuncia constitucional es un procedimiento especial que se aplica a los altos funcionarios del Estado, entre ellos la presidenta, quien goza de inmunidad.

Diez días para elaborar informe sobre acusación contra Boluarte

Luego de que los miembros del grupo legislativo recibieron los detalles de la petición fiscal, Camones declaró a medios locales que su equipo técnico tendrá diez días para elaborar un informe que indicará si califica para que se analice por la subcomisión.

De darse ese extremo, comenzará un proceso en varias instancias legislativas que puede tardar varios meses antes de llegar para su debate y votación en el pleno.

La denuncia llegó al Congreso el 27 de mayo, pero no se consideró en la agenda del día siguiente de la subcomisión porque esta ya estaba cerrada.

La legisladora dijo en ese momento que en este procedimiento veía “un claro cumplimiento de las funciones que le corresponden” al fiscal, que comprenden llevar el caso ante el Congreso, que es la instancia que deberá decidir si procede, ya que la gobernante cuenta con inmunidad.

Boluarte: presunta autora de cohecho

Villena presentó la denuncia contra Boluarte “como presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado” por el caso conocido como ‘Rolexgate’, relacionado con varios relojes de lujo que la mandataria lució sin haber declarado.

Sin embargo, varios legisladores y juristas señalan que, de acuerdo con la Constitución, la gobernante no puede ser acusada ni procesada por un delito común hasta el término de su gestión, el 28 de julio de 2026.

El artículo 117 de la Constitución peruana establece que a un presidente en funciones solo se le puede acusar por traición a la patria, impedir las elecciones, disolver el Congreso de forma irregular o por impedir su reunión o funcionamiento, o de los organismos del sistema electoral.

Tras conocerse la denuncia presentada por Villena, el primer ministro peruano, Gustavo Adrianzén, afirmó que Boluarte es víctima de “una persecución inconstitucional e ilegal” por parte del Ministerio Público.

Adrianzén añadió que tiene la certeza de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales “va a declarar improcedente esta pretendida denuncia constitucional, porque no encuadra en ninguno de los cuatros supuestos del (artículo) 117” de la Constitución.

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