La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) es la esperanza del expresidente peruano Pedro Castillo. Un año después del fallido golpe de Estado que lo hizo terminar en prisión, su defensa apunta a ese tribunal para subsanar las “irregularidades” que considera que rodean el caso, según explicó a EFE su abogado, Eduardo Pachas.
“Lo que vamos a llevar a la Corte Interamericana es cómo las autoridades han vulnerado el debido proceso y cómo han conspirado contra el presidente Castillo”, aseguró Pachas a EFE.
El 7 de diciembre de 2022, Castillo (2021-2022) dio un discurso a la nación en el que anunció el cierre del Congreso, la conformación de un Ejecutivo de emergencia que iba a gobernar por decreto y la reconfiguración del sistema de Justicia.
Pero tras un año cumpliendo prisión preventiva afirmó en una reciente audiencia del Tribunal Constitucional (TC) que sus palabras eran parte de un discurso político y que el plan que pronunció no era ejecutable.
“Él era el presidente del Perú, tenía inmunidad y el Congreso no había votado su destitución o vacancia. Eso que quede claro. Por tanto, cuando la Policía lo detiene (…) tenía inmunidad. Se ha cometido un delito contra una garantía, el derecho a la libertad individual conexo con la inmunidad presidencial”, indicó Pachas.
En las puertas del penal limeño de Barbadillo, donde Castillo se encuentra preso desde hace 365 días, su abogado relata que el 7 de diciembre de 2022, tras dar el autogolpe de Estado y cuando se trasladó con su familia a la Embajada de México, este fue secuestrado porque “no se respetó el debido proceso”.
Niega las acusaciones
El expresidente cumple prisión preventiva por dos casos distintos, 18 meses por la presunta comisión del delito de rebelión, y por otro lado, cumple 36 meses por supuestos casos de corrupción y pertenencia a organización criminal cuando ocupaba el cargo.
“Los delitos que se le imputan, rebelión y conspiración y el delito contra el orden público y abuso de autoridad son delitos que no se dan en los hechos”, afirmó el abogado.
Pachas reiteró que lo que hizo Castillo fue trasladar un clamor político del pueblo en contra del Congreso, la Fiscalía y otras autoridades.
“Uno de los elementos (del delito) es levantarse en armas. La pregunta es, ¿dónde están las armas? ¿quién se levantó, dónde está el acta? ¿acaso fue un militar? ¿acaso fue un serenazgo (agente municipal), un rondero (miembro de comité de autodefensa rural) o cualquier persona de la población civil? La respuesta es que no. Por tanto, no hubo un ejecutor, ni hubo las armas y no hubo un agente que realizara la acción”, argumenta.
Insiste en que el mensaje a la nación era “un discurso de tipo político que no tenía efectividad” porque que “no tenía firma de los miembros del Consejo de Ministros”, y según sus palabras, de cara al artículo 120 de la Constitución, es “un acto nulo y sin efecto jurídico”.
“La lectura del discurso del 7 de diciembre no fue delito ni tampoco fue una infracción de tipo constitucional. Como dije, el artículo 120 de la Constitución, dice, son actos nulos y sin efecto jurídicos cuando no tienen la firma de los ministros”, señala al apuntar que la responsable de la detención fue la fiscal general, Patricia Benavides.
Futuro judicial de Castillo
Este lunes, en la citada audiencia en el TC se sustentaron varios habeas corpus para lograr la libertad del expresidente y anular así los 18 meses de prisión preventiva. Durante la misma, el abogado expuso que esta decisión judicial tiene irregularidades.
“Se han expuesto los fundamentos por el cual esta es abusiva, contradictoria en sí misma, falta de coherencia narrativa y falta de exponer los hechos de manera clara”, dijo a EFE.
También expresó que no hubo delito de flagrancia y que, si lo hubiera habido, ya se hubiera producido un juicio oral. También resaltó que no hubo denuncia pertinente para su arresto y que, según la Constitución, Castillo como presidente tenía derechos que no se respetaron el día de la detención.
Pero añadió que el TC no le dejó acabar sus alegatos y apeló a la comunidad internacional porque considera que se dio “un recorte del derecho a la defensa”.
Pachas comentó que Castillo se encuentra bien de salud y optimista, pero que también es consciente de la realidad que afronta.
“Simplemente, esperamos justicia”, concluyó.
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