Amnistía Internacional (AI) condenó que “persista” la “impunidad” en el caso de la muerte de dos manifestantes, Inti Sotelo y Bryan Pintado, en las jornadas de protesta de 2020, después de la destitución del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) y la corta asunción del entonces mandatario Manuel Merino.
En un comunicado emitido cuando se cumplen tres años de las movilizaciones, AI afirmó que “aún no hay responsables por las muertes de los jóvenes Inti Sotelo (24) y Bryan Pintado (22), quienes fueron asesinados en el marco de la represión estatal”.
La organización recordó que verificó, durante esas manifestaciones, que agentes policiales hicieron “uso desproporcionado e innecesario de la fuerza”, contrario a los estándares internacionales, que “dispararon municiones directamente contra el cuerpo”, y golpearon y lanzaron gas lacrimógeno “de manera indiscriminada” contra “manifestantes pacíficos”.
Amnistía Internacional denuncia obstáculos
AI subrayó, sin embargo, que las investigaciones para encontrar a los responsables se han enfrentado a obstáculos en diferentes niveles, y que “la impunidad en este caso, que dejó también a cientos de personas heridas de gravedad, persiste”.
El Congreso peruano archivó la denuncia constitucionalcontra Merino y varios exfuncionarios y, de igual forma, la Inspectoría General de la Policía Nacional de Perú absolvió a 11 policías que participaron en los operativos de control de las manifestaciones.
“Estos hechos demuestran que la justicia le sigue dando la espalda a las víctimas. Nos preocupa el mensaje que la impunidad deja a la sociedad, normalizando la represión estatal y la muerte de personas en protestas pacíficas”, expresó la directora de Amnistía Internacional Perú, Marina Navarro.
Clamor por justicia
Añadió que “esta situación, que vulnera los derechos humanos, debe cambiar” y que “la Fiscalía debe llevar a cabo todas las diligencias necesarias para avanzar en las investigaciones y se acorte el camino a la justicia y verdad”.
De la misma forma, exhortó al Ministerio Público a continuar con la investigación, “sin más dilaciones, para que las víctimas de la represión policial y sus familias puedan acceder a verdad, justicia y reparación”.
“Esto significa que debe concretarse la acusación fiscal contra las personas que podrían resultar responsables por las muertes y personas heridas, antes que se cumpla el plazo establecido, sin más prórrogas”, subrayó.
Las protestas contra la destitución de Vizcarra y la juramentación de Merino como presidente de la República se extendieron por más de una semana, en noviembre de 2020, y amainaron con la designación del entonces congresista Francisco Sagasti como mandatario para un gobierno transitorio hasta las elecciones generales de 2021.
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