La megacárcel salvadoreña inaugurada en febrero pasado para albergar a 40.000 pandilleros condenados o detenidos bajo un régimen de excepción opera al 30 % de su capacidad y no registra muertes en su interior, de acuerdo con las autoridades del centro penitenciario.

Un equipo de EFE y otros medios visitaron este jueves el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (Cecot), catalogado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele como la cárcel “más grande de Latinoamérica”, para registrar imágenes y conocer escuetamente su funcionamiento.

“Acá nosotros albergamos miembros activos de pandillas, tanto de la MS13 como de la pandilla 18 Revolucionarios y Sureños”, dijo brevemente el director de la prisión, quien pidió omitir su nombre.

El funcionario señaló que el centro alberga a 12.000 reclusos, lo que representa una ocupación del 30 % de su capacidad, que de acuerdo con el Gobierno es de 40.000.

Sostuvo que “esto va en aumento dependiendo de las directrices de las autoridades” y que entre los privados de libertad se encuentran condenados y procesados.

“Toda la población que está acá (ha sido detenida) bajo el régimen (de excepción)”, indicó.

El Salvador se encuentra en régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, desde finales de marzo de 2022 tras una escalada de asesinatos atribuida a las pandillas y la medida ha sido extendida en 19 ocasiones por el Congreso.

EFE preguntó al director del Cecot si en esta prisión han habido internos fallecidos y aseguró que durante su funcionamiento no se han registrado muertes.

De acuerdo con organizaciones humanitarias, durante este régimen han fallecido en diferentes cárceles del país centroamericano entre 160 y 300 personas en custodia estatal, de las que la Fiscalía General de la República archivó 142 casos.

Organizaciones como Cristosal ha indicado en sus informes que identificó patrones de muertes por tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes, además de laceraciones, hematomas, heridas, estrangulación, ahorcamiento y otros “signos de tortura”.

Sin embargo, el jefe del Cecot dijo que las actividades en esta cárcel están “en función del tratamiento penitenciario” y del derecho a la salud, porque “el Estado está obligado a generar las condiciones para poder brindar está asistencia médica necesaria”.

No usamos la fuerza

El Cecot se encuentra en la central localidad de Tecoluca, a más de 75 kilómetros de la capital San Salvador, y es un laberinto de concreto, hierro, asfalto y acero que custodian guardias penitenciarios y soldados desde torres con más de 15 metros de altura.

Para llegar es necesario cruzar dos controles de seguridad para vehículos y al interior se dejan todas las pertenencias materiales, se pasa por revisión de rayos x y luego un cacheo.

Un custodio, autorizado para hablar con la prensa bajo anonimato y ante la mirada de sus superiores, dijo a EFE que “estamos para apoyarlos (a los privados de libertad), porque ellos aquí tienen todos sus derechos, menos el de libertad y sufragio”.

“Nosotros recibimos capacitaciones donde nos dan a conocer los derechos humanos”, sostuvo y afirmó que “no tenemos autorizado el uso de la fuerza” con los presidiarios.

Organizaciones de derechos humanos locales e internacionales han señalado que en las prisiones salvadoreñas supuestamente se estarían cometiendo acciones de tortura o malos tratos.

En abril pasado, Amnistía Internacional señaló que “ha documentado al menos 10 casos de muerte bajo custodia del Estado y verificó que las principales causas incluyen el sometimiento a torturas y tratos crueles y degradantes por parte de agentes policiales y custodios”.

Con esperanza de reinserción

Erick Rivera, de 36 años, llegó al Cecot el 24 de febrero de 2023 y fue condenado a 5 años de prisión por el delito de organizaciones terroristas, caso que está en apelación, tras su detención en febrero de 2022.

“Sparky”, así conocido y que es considerado por las autoridades como miembro activo de la pandilla Barrio 18, facción Sureños, afirmó que “el trato ha sido bien” en esta prisión.

Relató que su día transcurre entre el encierro y el programa de religión que recibe, dado que “soy cristiano y tengo cinco años de perseverar en el evangelio, desde 2019”, antes de su detención.

Rivera señaló que ya no se siente parte de la pandilla y que espera una oportunidad de reinsertarse en la sociedad y dijo que entró a la pandilla por la pobreza, la “mala vida” que tuvo en su infancia con la detención de su madre y el asesinato de su hermano mayor a manos de “la pandilla contraria”.

En el marco del régimen de excepción, el presidente Bukele ha dicho que se arrasará con las pandillas, responsabilizadas de miles de asesinatos en el país centroamericano, desapariciones y violaciones, y que “no saldrán jamás”.

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