El gobierno de la presidenta peruana, Dina Boluarte, prorrogó, a partir de este sábado, el estado de emergencia declarado en la región Puno, al sureste de Perú, por 30 días, durante los cuales las fuerzas armadas brindarán apoyo a la Policía Nacional en el control del orden interno.

La surandina Puno está bajo estado de emergencia desde inicios de año, cuando estallaron las protestas contra Boluarte y el Congreso, debido a las masivas movilizaciones y bloqueos de caminos que prácticamente paralizaron esa región entre enero y febrero pasados, y que dejaron 18 muertos en la ciudad de Juliaca en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

De acuerdo a un decreto supremo firmado por la mandataria y varios ministros de Estado, en Puno se continuará con la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito por el territorio, la libertad de reunión, y la libertad y seguridad personales.

Atención sobre la violencia de la Policía en Perú

En mayo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la violencia policial registrada en Perú durante las manifestaciones tras el fallido autogolpe del expresidente Pedro Castillo y aseguró que ha encontrado casos de “ejecuciones extrajudiciales” en la región de Ayacucho.

“Al perpetrarse por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales”, señaló el organismo con sede en Washington, en un extenso informe sobre la situación de los derechos humanos en el país.

Las manifestaciones de protesta en Perú dejaron 49 muertos en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden y más de una veintena adicional por hechos vinculados a las movilizaciones, entre diciembre y febrero.

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