Un juez colombiano ordenó que Nicolás Petro Burgos, primogénito del presidente colombiano, Gustavo Petro, y su exesposa, Daysuris Vásquez, respondan en libertad, pero con restricciones, al proceso que enfrentan por lavado de activos y otros delitos, un caso que salpica al Gobierno de su padre.
El Juez Penal Municipal 74 con funciones de control de garantías acogió las peticiones de la defensa y dispuso que la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía en el caso de Nicolás Petro Burgos no es necesaria.
“El juez de control de garantías del caso gracias al compromiso de colaboración de los dos imputados logrado por la Fiscalía, impuso a Petro Burgos y a Vázquez Castro medida no privativa de la libertad y continúan vinculados a la investigación penal”, precisó el ente acusador en un comunicado.
Sin embargo, el juez dispuso que los imputados no podrán salir del país ni tampoco “del ámbito donde se produjo su captura, la ciudad de Barranquilla”.
La pareja fue detenida el sábado y tres días después la Fiscalía le imputó al hijo del presidente los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público, y a Vásquez los de lavado de activos y violación de datos personales.
La detención se hizo como parte de una investigación que la Fiscalía abrió en marzo pasado luego de que Vásquez dijera a la revista Semana que Nicolás Petro recibió dinero del narcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias “el hombre Marlboro”, para la campaña del hoy presidente y que se lo apropió.
Lejos de la política y de otros implicados
En otra audiencia celebrada ayer, el fiscal del caso, Mario Burgos, dijo que tras aceptar un acuerdo de colaboración con la Justicia, Nicolás Petro reveló que parte del dinero supuestamente ilegal que recibió, entró a la campaña electoral de 2022 de su padre.
“Le queda terminantemente prohibido interactuar con las personas que le dieron dinero de procedencia ilícita y con cualquiera de los involucrados”, le dijo esta noche el juez a Petro Burgos, a quien también prohibió, al igual que a Vásquez, “participar en cualquier evento político”.
Como parte del acuerdo de colaboración, el hijo del presidente se había comprometido ya a renunciar a su cargo de diputado en la Asamblea del Departamento del Atlántico, cuya capital es Barranquilla.
El juez ordenó además que se investigue a la pareja por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento, adicionales a los que ya les fueron imputados.
“Se compulsará obviamente copias penales para que se investigue el interés indebido en la celebración de contratos y creo que traspasa la órbita de esa conducta delictiva por parte de Petro Burgos y demás que pudieran estar participando”, manifestó el juez.
Esa decisión se basa en los audios presentados ayer ante el Juzgado por el fiscal, que muestran que la pareja tenía un entramado de tráfico de influencias, coimas y otros ilícitos en el Atlántico, aprovechando la condición de diputado de Nicolás Petro.
Obligaciones y buena conducta
Al darles la posibilidad de responder al proceso en libertad, el juez dijo que ambos tienen “que observar buena conducta” y están “obligados a comparecer a todo llamado que se haga por cuenta de este proceso”, bien sea por el Juzgado o por la Fiscalía.
Tanto la Fiscalía como los imputados y sus abogados aceptaron la decisión del juez y dijeron que no apelarán.
Esta mañana el abogado principal de Nicolás Petro, José David Teleki, alertó que la vida de su defendido corre riesgo porque hay gente que no quiere que se sepa la verdad sobre el escándalo de corrupción que salpica a la campaña de su padre y por eso pidió en una audiencia la detención domiciliaria.
“Mi defendido es un testigo clave para desbaratar por completo una estructura corrupta que debe ser investigada y que debe conducir a sus responsables ante los estrados judiciales”, expresó el letrado.
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