La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de captura contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por la deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia, que denunció una decisión jurídicamente “nula”.
La CPI, con sede en La Haya, también pidió la captura por el mismo motivo, considerado como un crimen de guerra, de Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos de la Infancia en Rusia.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, destacó la “decisión histórica”, que “dará inicio a una responsabilidad histórica” en la rendición de cuentas por los actos cometidos por las tropas rusas desde el inicio de la invasión a Ucrania en febrero de 2022.
La CPI no precisó cómo pretende ejecutar las órdenes de arresto, teniendo en cuenta que Rusia no es miembro de ese tribunal, como Moscú recordó de inmediato.
“Rusia, como cierto número de Estados, no reconoce la competencia de ese tribunal, y en consecuencia, del punto de vista de la ley, las decisiones de ese tribunal son nulas”, declaró el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov.
Más de 16.000 niños ucranianos habrían sido deportados a Rusia desde el inicio de la invasión y muchos fueron trasladados a instituciones y casas de acogida, según Kiev.
El presidente del tribunal, Piotr Hofmanski, declaró que las órdenes se emitieron a pedido del fiscal de la CPI, Karim Khan, por “los presuntos crímenes de guerra de deportación de niños de territorios ucranianos ocupados hacia la Federación de Rusia”. La ejecución de estas órdenes depende “de la cooperación internacional”, agregó.
