Irán llevó a cabo el jueves la primera ejecución conocida vinculada con las protestas por la muerte de Mahsa Amini, ahorcando a un hombre condenado por haber bloqueado una calle y haber herido a un miembro de la fuerza paramilitar Basij.
Irán es escenario de una ola de protestas tras la muerte el 16 de septiembre de Mahsa Amini, una kurda iraní de 22 años fallecida tras ser arrestada por la policía de la moral por vulnerar el código de indumentaria del país, que obliga a las mujeres a llevar velo.
"Mohsen Shekari, un alborotador que bloqueó el bulevar Sattar Khan [en Teherán] el 25 de septiembre y apuñaló con un machete a un Basij, fue ejecutado el jueves por la mañana" en la capital iraní, indicó la agencia del poder judicial, Mizan Online.
El veredicto preliminar del caso fue emitido el 1 de noviembre por el tribunal revolucionario de Teherán y la Corte Suprema rechazó el recurso el 20 de noviembre, llevando a la ejecución de la pena, informó la agencia de prensa del poder judicial.
La autoridad judicial asegura que Shekari se reconoció culpable de haberse peleado y de haber desenfundado "su arma con la intención de matar, de provocar terror y de perturbar el orden y la seguridad de la sociedad".
"Hirió intencionalmente a un Basij con arma blanca mientras éste cumplía con su deber y bloqueó la calle Sattar Khan en Teherán", añade la agencia.
Basij es una fuerza paramilitar vinculada a los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán.
En total, diez personas corren su misma suerte por haber participado en las protestas.
Las manifestaciones han estado encabezadas por mujeres, estudiantes universitarios y alumnas de escuela, que retiraron su velo en público y corearon lemas contra el gobierno, enfrentándose directamente a las fuerzas de seguridad.
"Inhumano"
La "ejecución de Mohsen Shekari debe toparse con fuertes reacciones, de lo contrario, lidiaremos con ejecuciones diarias de manifestantes", afirmó Mahmood Amiry-Moghaddam, director de la oenegé Iran Human Rights (IHR), radicada en Oslo.
Según él, Shekari fue "sentenciado a muerte en una farsa judicial sin un debido proceso". "Esta ejecución debe tener consecuencias prácticas rápidas a nivel internacional", tuiteó.
El activista por la libertad de expresión Hosein Ronaghi, recientemente liberado de prisión, advirtió a las autoridades: "la ejecución de cualquier manifestante tendrá graves consecuencias para ustedes. Arrebatarle la vida a una persona es arrebatarnos nuestras vidas a todos. ¿Tienen horcas suficientes?", tuiteó.
En el exterior, el Ministerio austriaco de Relaciones Exteriores tildó la ejecución de "inhumana", en tanto Alemania apuntó que "el desprecio del régimen [iraní] por la humanidad no tiene límites". Francia también expresó su "más firme condena" ante la ejecución.
El martes, un tribunal iraní condenó a muerte a cinco personas por haber matado a paramilitares durante las protestas, con lo que ya son once las sentencias de muerte.
Las autoridades, que denuncian estos hechos como "disturbios", acusan regularmente a Estados Unidos y sus aliados occidentales y a grupos kurdos en el extranjero de instigar este movimiento de protestas sin precedentes.
Centenares de muertos
En un balance publicado el miércoles, IHR indicó que la represión de las protestas causó al menos 458 muertos, incluyendo 63 niños.
El Consejo supremo de Seguridad Nacional indicó el sábado que "más de 200 personas", incluyendo civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, murieron en las protestas; mientras que un general de los Guardianes de la Revolución había dado cuenta previamente de un balance de más de 300 decesos.
Según la justicia iraní, más de 2.000 personas fueron imputadas.
Al menos 28 personas, entre ellas tres menores, podrían ser ejecutadas en el país en relación con la movilización, afirmó el 2 de diciembre la oenegé Amnistía Internacional (AI), que también tildó de "farsa" los procesos a manifestantes y acusó a las autoridades iraníes de servirse de la "pena de muerte como una herramienta de represión política para instigar miedo entre la gente y terminar con el levantamiento popular".
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución el pasado 24 de noviembre para que se investiguen los atropellos a los derechos humanos cometidos durante la represión de las protestas.
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