Nayib Bukele cumple este miércoles tres años en el poder en El Salvador enarbolando su "guerra" frontal a las pandillas y la reducción de la violencia como principal logro de su gobierno, un plan que le ha valido apoyo popular pero también fuertes críticas.
La lucha contra la violencia pandillera del millennial de 40 años, ávido usuario de las redes sociales, cuenta con una aprobación de 91% de la población, según una encuesta de Cid Gallup.
El Salvador, con unos 70.000 pandilleros, lucha por escapar de la lista de los países con más homicidios del mundo.
Tras el asesinato de 87 personas en el país del 25 al 27 de marzo, Bukele decretó un estado de excepción que ha sido prorrogado.
La "guerra" de Bukele puso a miles de soldados a patrullar las calles y ha llevado en los últimos dos meses a la cárcel sin orden judicial a 35.000 presuntos integrantes de las "maras", que se suman a 16.000 más que ya estaban en prisión.
"El régimen de excepción es una acción audaz, es necesario ante un fenómeno complicado como son las pandillas", señaló el analista político Dagoberto Gutiérrez, vicerrector de la Universidad Luterana Salvadoreña.
Las acciones del gobierno en el tema de seguridad "pueden verse como medicina amarga, pero necesaria", añadió.
Homicidios en baja
Para el criminólogo Ricardo Sosa, el gobierno de Bukele ha tomado acciones contra las pandillas "que están generando un impacto en su capacidad de daño".
El especialista indicó que pese a que actualmente las pandillas están "en desbandada o escondiéndose", no desaparecerán a corto plazo.
La guerra contra las pandillas es bien vista por la población: para la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) "ocho de cada diez salvadoreños" lo apoyan.
Según cifras oficiales en 2021 se registraron 1.147 homicidios, contra 1.341 en 2020 y 2.398 en 2019. Según Bukele, la fuerte caída se debe a su plan de control territorial. Críticos denuncian presuntas negociaciones del gobierno con pandillas, aunque el gobierno lo niega.
Algunos están inquietos con lo que describen como un creciente autoritarismo de Bukele, y Estados Unidos y organismos internacionales lo han llamado a respetar los derechos humanos tras denuncias de arrestos arbitrarios masivos y malos tratos a detenidos.
En mayo de 2021, con ayuda del Congreso donde posee gran mayoría, el mandatario destituyó a los cinco jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la más alta instancia judicial del país, despidió al fiscal general y a un tercio de los 690 jueces salvadoreños (a todos los mayores de 60 años o con 30 años de servicio).
Estados Unidos, la ONU y la OEA llamaron entonces a El Salvador a respetar los derechos humanos y la libertad de prensa en la lucha contra las pandillas.
"Han sido tres años en donde la tónica de su gobierno ha sido el autoritarismo, el atentar contra la independencia de poderes para tener un gobierno a su medida, sin oposición a sus acciones", consideró el analista Eduardo Escobar, director de la asociación Acción Ciudadana, que realiza contraloría social.
Sanear las arcas
Bukele busca concretar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.300 millones de dólares para sanear las arcas salvadoreñas y hacer realidad una emisión de bonos bitcóin por un monto de 1.000 millones de dólares.
En septiembre de 2021, el bitcóin fue aceptado por su gobierno como moneda de curso legal junto al dólar adoptado hace más de dos décadas.
La deuda pública de El Salvador ronda actualmente el 90% de su PIB.
Para el economista Rafael Lemus, el acuerdo con el FMI es esencial pero se está demorando porque el gobierno rechaza las condiciones que le pide el organismo.
"Lo que no quiere el gobierno es tener estándares del FMI, que pide transparencia, (que haya) rendición de cuentas y combate de la corrupcíón", indicó Lemus.
El economista estima que El salvador se halla en una situación de "inestabilidad" y que hay riesgo de "impago" de la deuda externa.
No obstante, el ministro Zelaya descartó una moratoria.
"No estamos pensando en caer en impago como algunos profetas del caos siempre lo anuncian", dijo Zelaya, y añadió que El Salvador busca lograr un préstamo bajo "las mejores condiciones".
El gobierno de Bukele también tiene pendiente la emisión de bonos en bitcóin equivalentes a 1.000 millones de dólares para construir la denominada "Bitcoin City".
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