"La recuperación de mi hija ha sido bastante dolorosa, no comía, no se levantaba de la cama, quiso cortarse las venas" con solo 10 años, relata entre sollozos la peruana María Emperatriz Fernández, quien piensa que castigar a los violadores con castración química es una "burla".

"Creo que el gobierno no se está poniendo en el zapato de las víctimas que han pasado por abuso", señala esta mujer de 30 años a la AFP sobre el proyecto de ley enviado al Congreso por el presidente Pedro Castillo.

Al anunciar el proyecto el 16 de abril, tras la violación de una niña de tres años que conmovió al país, el mandatario izquierdista proclamó que los abusos sexuales contra niños "no serán tolerados ni quedarán impunes".

Aunque el proyecto todavía no es debatido por el Parlamento, enfrenta el rechazo de madres de víctimas, juristas, médicos y activistas. Sin embargo, encontró eco en el excandidato presidencial Yonhy Lescano, uno de los rivales de Castillo en los comicios de 2021.

"Hay que ser más severos y anularlos en sus facultades sexuales a estos violadores aun cuando estén encarcelados. El Congreso debe aprobar el proyecto porque no hacerlo es darle la espalda al país", dice el político de centroderecha a la AFP.

Intentos frustrados

La castración química consiste en administrar medicamentos que inhiben el deseo sexual. Se aplica como método de prevención y castigo para los que cometen agresiones sexuales. Se usa en Rusia, Polonia, Corea del Sur, Indonesia y Moldavia, entre otros países, así como en algunos estados de Estados Unidos.

En Perú, Castillo no es el primero en proponerla. En 2005 lo hizo un influyente obispo católico, el jesuita Luis Bambarén.

"Así como a un delincuente se le priva de libertad, a los violadores de menores se les debe castrar. Puede haber una castración química. ¿Por qué va a seguir violando?", dijo entonces el prelado, ahora fallecido.

En la misma línea, en 2018 Lescano presentó un proyecto de castración química al Congreso. Recibió el aval de la Comisión de Justicia, pero fue desestimado por el plenario.

"Dijeron que no iba a servir de nada. Cómo saben que la medida no sirve, si nunca se ha aprobado. Desde 2018 se sigue violando con mayor agresividad, y teniendo en cuenta la mentalidad machista que hay en el Perú puede tener un efecto más positivo que en otros países", afirma el político.

En Perú se castiga con cadena perpetua a los violadores de menores de 14 años.

En 2006, el presidente Alan García envió un proyecto para imponer la pena de muerte a los abusadores de niños, pero el Congreso lo archivó.

Más de 10.000 presos

"La castración química es una burla para todas las infancias y adolescentes que han sufrido abuso", porque es "un método que prácticamente no ayuda en nada", dice Fernández.

Ella asegura que sería mejor que se aceleren los juicios y se les niegue la libertad condicional a los procesados por violación. El abogado que violó a su hija está prófugo desde que fue sentenciado a cadena perpetua hace un año.

"No estamos de acuerdo, porque en realidad es otro gasto para el gobierno y realmente [el abusador] igual va a seguir violando, no va a haber el cambio", indica a la AFP Magaly Aguilar, líder de la asociación Madres Luchando por Justicia. Su hija Sheyla fue violada y asesinada en 2018, con 19 años.

"El problema no está abajo [en los órganos sexuales], sino está en la cabeza, son dementes", indica a la AFP Patricia Acosta, cuya hija Estefhany está desaparecida desde 2016. Tenía 23 años.

En las cárceles peruanas hay 10.104 presos por violación de menores (3.005 procesados y 7.099 sentenciados). Es el delito con más reclusos, después del robo agravado, de acuerdo al Instituto Nacional Penitenciario.

Según el ministerio de la Mujer, más de 21.000 menores fueron víctimas de violación en los últimos cuatro años. En 2021 hubo 6.929 casos, 19 al día en promedio.

Rechazo de expertos

El jefe del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, opina que la castración química "no soluciona el problema de fondo".

"La salud mental de estas personas está deteriorada. Lo que se tiene que trabajar es la parte preventiva y educativa de la sociedad en sí", dice a la AFP.

Por su lado, el jurista Diego García Sayán, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considera que es una "solución populista" bajo "la ilusión de que aplicándole una inyección a todos estos enfermos pueda el impacto de este delito modificarse".

"Lo que hay ahora es una situación de miles de procesados [...] y no hay sanción penal por la lentitud con la que se dan los procesos judiciales, de manera que la solución real tiene que estar ahí", señala a la AFP.

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