El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, negó este martes que su gobierno oculte información sobre la desaparición de 43 estudiantes en 2014, como señalan un grupo independiente que investiga el caso y familiares de las víctimas.

López Obrador deslindó la responsabilidad de su gobierno el mismo día que Amnistía Internacional denunciaba que en México prevalece la impunidad en las más de 97.000 desapariciones registradas desde 1964.

"Se está entregando toda la información (...), se han abierto los archivos como nunca y no se oculta absolutamente nada", dijo el mandatario izquierdista sobre las pesquisas en torno a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

El lunes, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acusó a autoridades mexicanas de haber ocultado información clave desde el día que ocurrieron los hechos, previo a unas manifestaciones estudiantiles en el municipio de Iguala (estado Guerrero, sur).

Según el GIEI, algunas instituciones -a las que no identificó- aún se resisten a entregar información necesaria para avanzar en las pesquisas, incluidos datos de inteligencia.

López Obrador, que dio un nuevo impulso a las averiguaciones cuando asumió el poder en 2018, subrayó que su gobierno está comprometido "a dar a conocer lo que sucedió con la desaparición de los jóvenes".

Pero el GIEI, creado en noviembre de 2014 por un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado mexicano, denunció una "simulación" por parte de autoridades para hacer creer que cumplen las órdenes presidenciales.

Militares investigados

La desaparición de los 43 alumnos, uno de los peores casos de violación de derechos humanos en México, se produjo entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando los jóvenes se dirigían a Iguala para hacerse con autobuses que querían usar en unas protestas.

Las autoridades sospechan que fueron desaparecidos por policías locales coludidos con el cártel narcotraficante Guerreros Unidos. Parientes de las víctimas acusan además al Ejército.

"Este gobierno siguió la misma ruta, no hubo ningún cambio (...). Durante este tiempo las fuerzas armadas han actuado sucio", declaró este martes a la prensa Vidulfo Rosales, abogado de los familiares.

En su tercer informe sobre el caso, el GIEI también denunció que miembros de la Marina manipularon pruebas durante las primeras investigaciones, específicamente en un basurero donde fueron encontrados restos humanos, incluidos los de los tres únicos estudiantes identificados hasta ahora.

En respuesta, López Obrador reveló que los líderes de la Marina que participaron en ese operativo están bajo investigación.

"Se dio la instrucción de que investigara a los jefes de la Marina que participaron en ese operativo y ya han declarado ante la Fiscalía todos los que participaron", comentó.

El abogado de las familias manifestó a su vez que esa indagación debe ser "contra toda la cadena de mando que obró en este montaje".

Según la llamada "verdad histórica" que planteó el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los jóvenes fueron detenidos y entregados por policías locales a narcotraficantes al ser confundidos con integrantes de una banda enemiga.

Tras ser baleados, sus restos fueron incinerados y arrojados al basurero de Cocula, de acuerdo con la misma tesis. Esa parte de la narración es rechazada por familiares de las víctimas, el gobierno de López Obrador, el GIEI y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Crisis de desaparecidos

En su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en México, Amnistía Internacional denunció que solo en 2021 se registraron 7.000 desapariciones en México, envuelto en una espiral de violencia desde 2006 cuando se desplegó un operativo militar antidrogas que deja unos 340.000 muertos.

"La impunidad sobre esta cuestión prevalecía; solo se habían dictado 35 sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada" de los 97.000 casos, indicó el reporte.

La organización detalló que varias personas que buscaban a sus familiares desaparecidos murieron de forma violenta, "pero al terminar el año no se había procesado a nadie por esas muertes".

Solo en relación con Ayotzinapa han muerto violentamente 20 personas que podían tener información del caso, según el GIEI.

Amnistía Internacional también indicó que hay unos 52.000 cadáveres no identificados actualmente", la mayor parte en fosas comunes. El gobierno, que atribuye la mayoría de los homicidios a enfrentamientos entre criminales, cifra esos casos en 37.000.

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