El Congreso de Guatemala, controlado por conservadores oficialistas, aprobó en pleno Día de la Mujer una ley que endurece las penas de cárcel por aborto y prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo y la educación sobre diversidad sexual.

La "Ley para la Protección de la Vida y la Familia" sanciona con hasta 10 años de cárcel a "la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause". En la ley actual la pena máxima es de tres años.

El texto, que quedó listo para ser promulgado por el presidente Alejandro Giammattei, castiga con prisión de hasta 50 años al responsable de un "aborto o de maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer" y que causen la muerte de esta, delito considerado como un "aborto calificado".

En Guatemala solo está permitido el denominado aborto terapéutico, cuando está en peligro la vida de la madre, que ahora tendrá un mayor control, según la nueva ley.

"Mientras otros países avanzan en la aprobación de leyes abortistas y en leyes que degeneran el concepto original de familia, esta iniciativa pasa a ser una ley importante para la sociedad guatemalteca", dijo el diputado Armando Castillo del partido VIVA (derecha), uno de los impulsores de la norma.

"Perder un embarazo es devastador y esta ley, a pesar de que una mujer pueda estar en duelo, le aplica automáticamente la etiqueta de sospechosa. Se está criminalizando y penalizando abortos espontáneos y eso es peligroso", advirtió por su parte la congresista Lucrecia Hernández, del partido de centroizquierda Semilla.

- Estigma a la diversidad -

La ley además reforma el Código Civil para dejar en claro que "se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo" en Guatemala.

Igualmente "prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas promover en la niñez y adolescencias políticas o programas que tiendan a desviar su identidad según su sexo al nacer".

Esto, porque los diputados que la impulsaron consideran que hay "grupos minoritarios de la sociedad guatemalteca" que proponen "modelos de conducta y convivencia distintos al orden natural del matrimonio y de la familia, los que representan una amenaza al equilibrio moral de nuestra sociedad y por ende un peligro para la paz".

"Se le están violentando derechos humanos a importantes sectores de la población. Esta ley es absolutamente discriminatoria y es una ley que incita al odio", añadió el diputado Walter Félix, del partido izquierdista URNG.

Hernández añadió que la ley provocará el "estigma" y la "intolerancia" hacia las personas diversas que podría llevar a "crímenes de odio". "A todas luces (la ley) es inconstitucional", precisó.

"Esta ley en realidad debería llamarse ley para encarcelar y matar mujeres. Es una de las cosas más descaradas que están haciendo en esta Legislatura y encima de todo, lo hacen en el Día de la Mujer ", fustigó Samuel Pérez, también del grupo Semilla.

La aprobación ocurre en la víspera de que el presidente Giammattei declare a Guatemala como Capital Iberoamericana Provida.

"No nos vengan a meter ideas tontas. Esta ley es constitucional, es viable y es bendición de Dios", afirmó la diputada Patricia Sandoval (FCN, derecha), mientras afuera del Congreso protestaba un reducido grupo de mujeres contra esta norma.

- Aviso de impugnaciones -

Tras la aprobación, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, señaló que la ley "viola" convenios internacionales suscritos por Guatemala, y anunció una batalla para que sea declarada ilegal por la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia judicial del país.

"Vamos a plantear una acción de inconstitucionalidad para que esto (ley) no tenga efecto", indicó Rodas, al momento de acompañar a las manifestantes afuera del Parlamento.

Decenas de miles de mujeres salieron a las calles en varias ciudades del mundo para demandar sus derechos, entre ellos la posibilidad de decidir sobre poder optar por un aborto.

En Guatemala, cientos protestaron en el centro de la capital y otras ciudades para pedir el fin de la corrupción y demandaron justicia al cumplirse cinco años de la muerte de 41 niñas durante un incendio en un albergue estatal, entre otras demandas.

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