Decenas de miles de personas protestaron este sábado en Colombia por cuarto día consecutivo contra una reforma tributaria que castiga a la clase media, aún después de que el gobierno anunció el retiro de las partes más polémicas del proyecto.

“No basta solo con retraer la reforma. (Fue) la cereza sobre el pastel, pero todo el manejo que se dio a la pandemia y todo lo que ha sucedido con este gobierno simplemente nos estalló en la cara (…), estamos en contra de todas las políticas” de esta administración, dijo a la AFP María Teresa Flores, filósofa de 27 años en Bogotá.

Además de la capital, las manifestaciones se hicieron sentir con fuerza en Cali (suroeste) y Medellín (noroeste), así como en Barranquilla, Cartagena (norte) y ciudades intermedias.

Al reclamo de sindicatos, estudiantes, indígenas y oposición se sumaron denuncias de múltiples abusos cometidos por la fuerza pública durante las masivas protestas que, el día internacional del trabajo, se dieron al ritmo de cacerolazos.

“Salí a marchar por la reforma tributaria, pero también (…) por los abusos policiales y del ESMAD (escuadrón antidisturbios) que han ocurrido en estos últimos días”, indicó a la AFP Sebastián Huertas, estudiante de derecho de 21 años.

Desde el miércoles, decenas de miles personas tomaron las calles para protestar contra la reforma planteada como una forma de aliviar el bolsillo de la cuarta economía latinoamericana, a la que incluso el partido de gobierno hizo reparos.

En los días siguientes se mantuvieron las manifestaciones de forma menos concurrida, pero este sábado retomaron con mayor intensidad.

Militarización –

A la par de las protestas se dieron disturbios en el centro y suroeste del país.

En respuesta, el presidente Iván Duque anunció este sábado en una alocución que desplegaría fuerzas armadas “en centros urbanos donde existe un alto riesgo para la integridad de los ciudadanos”.

Tras reconocer la legitimidad de las manifestaciones pacíficas, dijo que acudirá a la figura de “asistencia militar” para combatir a quienes “por la vía de la violencia, el vandalismo y el terrorismo pretenden amedrentar a la sociedad y creen que por ese mecanismo doblegarán a las instituciones”.

Anteriormente, el ministro de Defensa, Diego Molano, había informado sobre la llegada de unos 3.000 solados y policías a la ciudad de Cali (suroeste).

En la urbe, capital del Valle del Cauca de 2,2 millones de habitantes, los desmanes son orquestados por “organizaciones criminales” entre las que se encuentran disidencias que se apartaron del pacto de paz firmado con la guerrilla FARC en 2016, precisó el ministro.

Oenegés y oposición han multiplicado por su parte acusaciones sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública durante las protestas y disturbios, lo que el gobierno niega.

De momento, el Ministerio de Defensa solo ha reconocido un muerto y guarda silencio sobre el número de civiles heridos. El balance oficial da cuenta de 209 policías lesionados, un uniformado fallecido y 203 arrestos realizados.

La Fiscalía afirmó en un chat de periodistas estar investigando seis homicidios ocurridos durante las protestas para verificar “si tienen o no que ver con la conflictividad social”.

Y la Defensoría del Pueblo (Ombudsman), autónoma, advirtió sobre 179 civiles lesionados y dos decesos en Neiva (centro) y Bogotá.

En un pedido de “acción urgente” radicado en el Congreso, 19 parlamentarios de oposición informaron que cuatro de las víctimas mortales podrían haberse dado por “el accionar de la policía”.

Abusos

Los presuntos atropellos avivan un mal recuerdo en un país donde la muerte de un ingeniero a mano de uniformados provocó en septiembre revueltas contra la brutalidad policial que dejaron medio millar de heridos y una docena de muertos.

“Es increíble que en esta crisis que estamos viviendo, esta violencia que atraviesa el país”, un gobierno decida “hacer una reforma tributaria (que) termina empobreciendo más al pueblo”, exclamó Julián Naranjo, administrador ambiental, cerca de la central Plaza de Bolívar en Bogotá.

En medio del conflicto de casi seis décadas que atraviesa Colombia, la policía depende del Ministerio de Defensa.

Con la reforma el gobierno quería recaudar unos 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031, para estabilizar las finanzas de un país con un desempleo urbano del 16,8% en marzo, cuyo PIB cayó un 6,8% en 2020: su peor desempeño en medio siglo.

Pero expertos y oposición aseguran que se ensañó con la clase media, buscando por ejemplo ampliar la base de contribuyentes al impuesto sobre la renta o aumentar el IVA en algunos bienes y servicios.

Mientras tanto, Colombia, con 50 millones de habitantes, atraviesa una agresiva tercera ola de contagios que tiene a los hospitales al borde del colapso y el personal de salud agotado.

Con casi 2,9 millones de contagios y 74.215 fallecidos registrados desde el 6 de marzo de 2020, el país es, respectivamente, sexto y cuarto más afectado de América Latina y el Caribe en ambos aspectos, en proporción a su población.

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