El Senado de Brasil instaló el martes una comisión para analizar la actuación del gobierno frente a la pandemia de coronavirus, una investigación explosiva con potencial de impactar en la tentativa de reelección del presidente Jair Bolsonaro en 2022.

El mandatario de ultraderecha ha desafiado continuamente las recomendaciones para controlar la propagación del virus, en una actitud que le valió ser acusado de “genocida” por algunos de sus principales adversarios, entre ellos el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Desde la llegada de la pandemia a Brasil en febrero de 2020, Bolsonaro se opuso a las medidas de aislamiento social, invocando su impacto económico negativo; rechazó igualmente el uso de mascarillas; cuestionó la eficacia de las vacunas y preconizó remedios como la hidroxicloroquina, sin eficacia comprobada contra la enfermedad.

Científicos y políticos atribuyen a esas posturas el retraso en la vacunación y las dificultades para conseguir inmunizantes en este país de 212 millones de habitantes, con un balance que se acerca a los 400.000 muertos por covid, superado solo por Estados Unidos.

La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) analizará si hubo negligencia o actos de corrupción en el manejo de la pandemia, incluido en la crisis de suministro de oxígeno que en enero provocó la muerte por asfixia de decenas de personas en Manaos, capital del estado Amazonas.

“No he cometido ningún error. No tengo una bola de cristal ni doy pálpitos. Yo converso con la gente”, reafirmó Bolsonaro este martes, en una charla con simpatizantes en Brasilia.

“Creo que esta investigación le creará muchos problemas al presidente”, dijo a la AFP el analista Andre Rehbein Sathler, de la Unidad de Inteligencia del portal de noticias Congresso em Foco. “Ni hace falta una investigación en realidad. Las acciones del gobierno durante la pandemia están allí, a la vista de todos”, apuntó.

La comisión parlamentaria de 11 miembros, que tiene un mandato renovable de 90 días, fue instalada por orden del Supremo Tribunal Federal (STF).

Este tipo de comisión puede dar pie a revelaciones devastadoras y desembocar en un proceso de destitución, como ocurrió con el presidente Fernando Collor en 1992. Pero también puede terminar en nada, según la marea política.

Sus conclusiones también pueden llevar a la Fiscalía a pedir investigaciones sobre miembros del gobierno.

Bolsonaro se alió este año con partidos de centroderecha conocidos como el “Centrao”, con la esperanza de protegerse de un eventual impeachment.

Pero la alianza da señales de debilidad y los sondeos muestran que puede ser derrotado en los comicios de octubre de 2022, en particular por Lula, quien se perfila como su principal adversario.

Convocatorias

Los miembros de la comisión eligieron para presidirla al centrista Omar Aziz, cuyo nombre era defendido por el Ejecutivo nacional, y al opositor Randolfe Rodrigues como vicepresidente.

Pero en un revés para el gobierno, Aziz escogió al centrista Renan Calheiros para asumir la relatoría.

En sus primeras declaraciones, el veterano senador indicó que pretende convocar la semana próxima a Luiz Henrique Mandetta, quien fungía como ministro de Salud cuando se inició la pandemia, y posteriormente a los tres ministros que desde entonces se sucedieron en ese cargo.

Algunos expertos conjeturan que el gobierno tratará de culpar del desastre sanitario al exministro Eduardo Pazuello, un general del Ejército, quien estaba en funciones en el momento de la tragedia de Manaos y fue destituido por Bolsonaro en marzo.

Pero, agregan, Pazuello podría arrastrar a otras personas en su caída.

Calheiros indicó además que pretende pedir los documentos relacionados con la compra de vacunas y con la promoción de “medicamentos sin eficacia comprobada”, así como con la atribución de recursos para combatir el covid-19 a los estados y municipios y con el “el caso emblemático del caos en la salud pública” en el estado de Amazonas.

Según fuentes, Calheiros ha dicho a aliados que quiere escribir un informe “quirúrgico”, documentando los errores del gobierno.

Su designación se vio complicada la noche del lunes cuando un mandato judicial intentó impedirla, argumentando que el veterano senador es investigado por corrupción y lavado de dinero.

Pero esa decisión de último minuto, que puede verse como una señal de días tumultuosos, fue anulada por otra instancia judicial poco después de que la comisión entrara en funciones.

..........

Señor Lector, este es solo un reporte. La información completa está en la edición impresa de El Potosí.