La Fiscalía de Colombia pedirá a un juez que archive la investigación penal contra el expresidente y excongresista Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos contra un senador de oposición, en un nuevo giro del caso más sonado y politizado de las últimas décadas en el país.

El fiscal Gabriel Jaimes concluyó que “varias de las conductas por las cuales se vinculó jurídicamente al excongresista no tienen la característica de delito”, señaló su despacho en un comunicado este viernes.

Según su dictamen, si bien dentro del proceso encontró presuntas violaciones a la ley no “se le pueden atribuir” al exmandatario “como autor o partícipe”.

Jaimes anunció que solicitará ser escuchado próximamente en audiencia para presentar su pedido de preclusión a favor del político de 68 años, la figura más influyente y controvertida de este siglo en Colombia.

En la diligencia el juez podrá aceptar o rechazar el pedido de la Fiscalía o incluso llamar a juicio a Uribe, tras lo cual las partes podrán apelar ante instancias superiores.

Lejos de acabar, el caso entrá en un nuevo forcejeo después de varios años de avances y contramarchas y en un contexto políticamente sensible de cara a las presidenciales del año próximo.

“Gracias a Dios por este paso positivo. Gracias a tantas personas por sus oraciones y solidaridad”, reaccionó Uribe en Twitter.

De su lado el senador Iván Cepeda, reconocido como víctima en el litigio, cargó contra el fiscal Jaimes y anunció una denuncia penal por supuestamente favorecer a su adversario.

Secuela del conflicto

El expresidente que gobernó Colombia entre 2002 y 2010 con una política de mano dura frente a las guerrillas, está bajo investigación penal por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal.

En 2012, Uribe presentó una denuncia contra el senador Cepeda al que acusó de un supuesto complot urdido con testigos falsos para vincularlo con grupos paramilitares de ultraderecha, responsables de atroces violaciones de derechos humanos en su guerra clandestina contra los rebeldes izquierdistas.

Pero la Corte Suprema no solo se abstuvo de enjuiciar a Cepeda, sino que comenzó a investigar al exgobernante en su calidad de parlamentario en 2018. El tribunal sospechó que fue Uribe, y no su opositor, quien trató de manipular testigos para desacreditar a Cepeda.

Los altos magistrados fueron más allá y en agosto de 2020 ordenaron el arresto domiciliario del expresidente, mientras avanzaban en su investigación.

Uribe, que cuestionó sin tregua la actuación de la Corte Suprema por un supuesto sesgo político, logró zafarse de esa jurisdicción al renunciar al escaño que ocupaba en el Senado desde 2014.

Su expediente pasó entonces a un tribunal ordinario, que dos meses después levantó la orden de reclusión que pesaba sobre el exmandatario.

La Fiscalía tomó la investigación, lo que despertó las sospechas del senador Cepeda por tratarse de un organismo cuyo máximo responsable, Francisco Barbosa, trabajó con el gobierno de Iván Duque, a su vez delfín de Uribe.

En su reacción al anuncio de este viernes, el senador de izquierda acusó al fiscal Jaimes de “favorecer los intereses del procesado al punto que, apartándose de su deber legal y constitucional, ha fungido de facto como abogado defensor de Álvaro Uribe”.

Cepeda, en una declaración pública, agregó que el fiscal “ha pretendido invalidar” las pruebas recabadas por la Corte Suprema que le permitieron pedir el arresto domiciliario del exsenador.

Sea cual sea la decisión que adopte la justicia ordinaria, Uribe seguirá gravitando sobre la política y justicia colombiana.

El sistema jurídico que investiga los peores delitos cometidos durante el conflicto – todavía en curso – reveló recientemente que durante su gobierno los militares ejecutaron a 6.402 civiles para presentarlos como caídos en combate e inflar así sus logros en la lucha contra la insurgencia.

Aunque esa jurisdicción no tiene potestad de juzgar a expresidentes, los señalamientos han avivado la controversia en torno a Uribe. El exmandatario se ha desmarcado de esos crímenes y atacado a los jueces de paz, como lo hizo en su momento con los de la Corte Suprema.

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