El caso de un rapero condenado a prisión por tuits en los que atacaba a la monarquía y a las fuerzas policiales españolas y que se niega a entregarse seguía generando este viernes dolores de cabeza al gobierno del socialista Pedro Sánchez.
A punto de expirar en la noche del viernes el plazo que le dio la justicia para presentarse voluntariamente para iniciar su pena de cárcel, el artista catalán Pablo Hasel confirmó que no se entregaría.
“Tendrán que venir ellos a secuestrarme, y también servirá para que el Estado quede retratado como lo que es: una falsa democracia”, dijo desafiante Hasel, en una entrevista telefónica con AFP, desde su vivienda en Lérida, en Cataluña (noreste).
Gobierno a la defensiva
La polémica estalló tras su condena a nueve meses por un delito de enaltecimiento del terrorismo por sus mensajes publicados entre 2014 y 2016, en los que llamaba, por ejemplo “mercenarios de mierda” a las fuerzas policiales y las acusaba de torturar y asesinar a manifestantes e inmigrantes.
El rapero afirmó que no permitirá que las autoridades le “dicten lo que pued[e] decir”.
El caso se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno de izquierda y, sobre todo, para su socio mayoritario, el Partido Socialista, a pocas horas de las elecciones regionales del domingo en Cataluña.
Varias manifestaciones en apoyo a Hasel han tenido lugar en las últimas semanas en Madrid y Barcelona, mientras que 200 artistas, incluidas estrellas del cine español como Pedro Almodóvar y Javier Bardem, y de la música, como Joan Manuel Serrat, firmaron un manifiesto a su favor.
El escrito pidió “que se expulsen del Código Penal este tipo de delitos que no hacen sino cercenar el derecho, no solo de libertad de expresión, sino de libertad ideológica y artística”.
El socio minoritario de los socialistas en el gobierno, la izquierda radical de Podemos, se ha afirmado en su oposición a la condena contra el rapero.
A la defensiva, el gobierno prometió el lunes, después de conocerse el manifiesto, que planteará “una revisión de los delitos relacionados con excesos en el ejercicio de la libertad de expresión”, con el objetivo de que se impongan penas “disuasorias” y no de cárcel.
La portavoz del gobierno, María Jesús Montero, reconoció el martes que no había “proporcionalidad” en la condena a Hasel.
“Tribunal político”
Pero la reforma promete tomar su tiempo y no puede aplicarse en el caso del rapero.
Su abogado, Diego Herchhoren, interpuso un recurso ante la Audiencia Nacional, una alta jurisdicción en Madrid que se encarga de temas complejos.
Pero Herchhoren precisó a la AFP que en principio ese recurso no es suspensivo, por lo que el proceso de encarcelación de su cliente se mantiene ‘a priori’.
Calificando la Audiencia Nacional de “tribunal político”, el letrado estimó que solo el gobierno español podría evitar su entrada en prisión.
Interrogada por la AFP sobre la expiración inminente del plazo para presentarse, una fuente del tribunal declinó comentar.
“No tenemos nada que decir”, dijo de su lado una fuente del Ministerio de Justicia.
El abogado de Hasel dijo que el futuro dirá si la posición del gobierno español contra la pena de cárcel “es real” o “ha sido simplemente un anuncio electoral”.
Su caso recuerda al del rapero balear Valtonyc, quien en 2018 se marchó a Bélgica horas antes de entrar en prisión para cumplir una condena por injurias al rey, enaltecimiento del terrorismo y amenazas en sus canciones.
Bélgica ha rechazado la extradición solicitada por España hasta el momento.
En las elecciones catalanas del domingo, los socialistas de Sánchez buscan reemplazar en el poder a los independentistas que gobiernan la rica región de 7,8 millones de habitantes, tres años y medio después de una tentativa de secesión que dejó dolorosas heridas en la región y sigue pesando en la política nacional.
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