Un día después del golpe de Estado en Birmania, los expertos se preguntan sobre las motivaciones de los militares y evocan el riesgo del aislamiento internacional, una crisis económica agravada por la pandemia y ver tambalear un sistema político históricamente controlado por el ejército.

“El golpe de Estado fue una sorpresa”, afirma Sophie Boisseau du Rocher, del Instituto Francés de Relaciones Internacionales. “Hacía tiempo que había fricciones entre el gobierno civil y los militares, pero no pensábamos que fueran a actuar tan repentinamente”.

Los acontecimientos del lunes –el despliegue de soldados y vehículos blindados alrededor del parlamento, el arresto domiciliario de Aung San Suu Kyi, jefa de Estado de facto del país, y la oleada de detenciones– despiertan muy malos recuerdos entre los birmanos que vivieron bajo el yugo de la dictadura militar durante casi 50 años desde la independencia del país, en 1948.

Los generales justificaron su golpe por las irregularidades en las elecciones parlamentarias de noviembre, ganadas mayoritariamente por la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de Aung San Suu Kyi, irregularidades desmentidas por la comisión electoral.

El golpe desencadenó numerosas condenas internacionales, incluida la del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que amenazó con sanciones.

Estos sucesos “dañan considerablemente la imagen del país, ya empañada por la tragedia de los musulmanes rohinyás”, dijo Sebastian Strangio, autor de varios libros sobre el sudeste asiático.

Más de 750.000 rohinyás huyeron en 2017 de los abusos del ejército para refugiarse en Bangladés, una crisis que ha llevado a Birmania a ser acusada de “genocidio” ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo tribunal de la ONU.

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