"Madre por elección, no por castigo", reza un cartel mal pegado en una calle de Caracas, con letras descoloridas por la lluvia.
Esta petición no ha encontrado cabida en Venezuela, un país conservador donde el aborto es ilegal y aún está lejos de surfear la “marea verde” de los movimientos proaborto que baña a parte de América Latina.
Un caso reciente: el de una maestra y activista, detenida en Mérida (oeste) por asistir en el aborto de una adolescente de 13 años, que quedó embarazada tras ser violada y cuyo agresor está libre.
Vannesa Rosales, la docente, fue acusada de aborto asistido por tercero y asociación para delinquir, y “puede llegar a ser sentenciada hasta a 12 años de prisión”, explicó a la AFP su defensora, Venus Faddoul.
Unas 200 organizaciones, incluso fuera del país, pidieron en un comunicado un “proceso justo” para Rosales, de 31 años.
Pasó tres meses recluida en un calabozo policial y se le impuso el arresto domiciliario en enero.
La madre de la menor también estuvo detenida y al mes salió bajo una medida cautelar humanitaria.
“El culpable es el Estado, que no se ha puesto acorde con los derechos humanos de la mujer”, declaró Faddoul.
En fila
En América Latina, el aborto es legal en Cuba, Uruguay, Guyana y ahora en Argentina, tras la aprobación, a finales de 2020, de una ley que permite la interrupción del embarazo hasta la semana 14.
Venezuela, un país fervorosamente católico y conservador, está en fila detrás “de buena parte del mundo y también de la región”, explicó Magdymar León, coordinadora de Avesa, una ONG dedicada a defender los derechos de las mujeres, sexuales y reproductivos.
El Código Penal venezolano, de 1926 y reformado por última vez en 2005, sanciona el “aborto provocado” con sentencias de hasta seis años.
Las penas se reducen cuando el aborto implica salvar el “honor” de la mujer o su familia, y no habrá penas si es provocado para “salvar la vida de la parturienta”.
No obstante, “se siguen practicando abortos inseguros”, con hierbas, objetos punzantes y sustancias, aunque ahora “hay una tendencia” a usar fármacos, un método más seguro, apuntó León.
Con todo, es difícil tener una visión general de cuántos abortos clandestinos se practican en Venezuela y bajo qué métodos.
La situación económica del país, con siete años de recesión y una brecha cada vez más grande en las clases sociales, también influye en la posibilidad de interrumpir un embarazo y en el método utilizado.
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