Colombia abrió el jueves un histórico capítulo: por primera vez, el tribunal surgido del acuerdo de paz acusó a la disuelta guerrilla de las FARC de crímenes de guerra y lesa humanidad relacionados con más de 21.000 secuestros.
“Privar a las personas de su libertad, y condicionar su liberación fue un crimen de guerra, específicamente el de toma de rehenes”, declaró la magistrada Julieta Lemaitre.
Ocho altos mandos de la organización deberán responder por ese delito y “otros crímenes de guerra relacionados con el trato a los secuestrados, como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado”.
“Fueron crímenes de lesa humanidad cuando tuvieron la intención (…) de atacar de manera sistemática y generalizada a la población civil”, enfatizó Lemaitre.
Según el primer documento de imputación que expide el tribunal, entre 1990 y 2016 la guerrilla secuestró a 21.396 personas; “número sensiblemente más alto que el conocido hasta ahora”.
La decisión más importante tomada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desde su creación en 2017 se da tras conocer las versiones de 257 excombatientes y contrastarlas con las de más de 1.000 víctimas de secuestro e informes de la fiscalía, entre otras fuentes.
Para John Jairo Hoyos, hijo de un diputado secuestrado en 2002 y asesinado por las FARC fue una “excelente decisión”.
“Me genera esperanza de que podamos encontrar algún día en este país paz, que se cumpla el principio de no repetición y que aquellos que se les dio la oportunidad de reintegrarse a la vida civil cumplan con sus obligaciones establecidas en el acuerdo de paz”, dijo a la AFP.
Arrepentidos
La JEP, encargada de juzgar los peores crímenes del conflicto interno, imputó a miembros del secretariado de las FARC, máximo órgano decisorio de la organización. Entre ellos se encuentra Rodrigo Londoño, jefe del Partido Comunes, creado tras la firma de los acuerdos de paz en 2016.
La decisión cobijó también a Pablo Catatumbo y Julián Gallo, que ocupan dos de los diez asientos en el parlamento otorgados al partido como parte del histórico pacto.
Ermilo Cabrera, fallecido el miércoles, también fue imputado.
El ahora partido de izquierda se declaró arrepentido, comprometido con la paz y aseguró que evaluarán el documento de imputación de cargos para definir una posición al respecto.
“Sabemos que no hay razón, ni justificación para arrebatarle la libertad a ninguna persona”, reiteró la fuerza política Comunes.
El presidente conservador, Iván Duque, quien en 2018 lideró una frustrada iniciativa que pretendía modificar los acuerdos para endurecer las sanciones a los exguerrilleros, pidió castigos “efectivos” y “proporcionales” a los delitos.
“No podemos tener en Colombia un doble rasero, donde ciudadanos que cometan delitos, cualquiera, no puedan nunca jamás presentarse a aspirar a ser congresistas y otros ostenten sus curules con condenas por crímenes de lesa humanidad”, se quejó.
El general retirado Luis Mendieta, que estuvo once años en poder de los antiguos rebeldes, aseguró que “mientras no haya reparación no va a haber justicia” y pidió “garantías de no repetición”.
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