Las autoridades sudanesas aprobaron hoy una ley para proteger al personal sanitario en medio de la pandemia del coronavirus, según la cual cualquiera que ataque física o verbalmente a un médico podría enfrentarse a hasta 10 años de prisión y/o a una multa.
La nueva ley, publicada en el boletín oficial del Estado, tras su aprobación por el Consejo de Ministros y el Consejo Soberano (máximo órgano de gobierno en Sudán) establece ese castigo también para quien interrumpa el trabajo en los centros sanitarios o cause daños en sus instalaciones.
Asimismo, esa misma pena está estipulada para aquellos que publiquen 'información falsa que afecte al trabajo y a los esfuerzos del personal sanitario y de las instalaciones sanitarias', sin especificar.
La ley fue elaborada después de que se registraran ataques contra médicos y trabajadores en algunos centros hospitalarios de Sudán, lo que llevó a los profesionales a hacer una huelga para exigir una mayor protección y castigos más severos para los atacantes.
El ministro de Sanidad, Akram al Tum, afirmó hoy en Jartum que va a trabajar con todas las partes para aplicar la ley, que consideró 'una gran victoria' para los médicos sudaneses.
Por su parte, la Oficina Unida de los Médicos, que engloba a tres sindicatos del sector sanitario, dio la bienvenida a la nueva ley y afirmó que, aunque no sea 'una solución' es una forma de 'desalentar y prevenir el crimen'.
Sin embargo, consideró que al mismo tiempo la ley pone sobre los hombros de los trabajadores sanitarios 'más responsabilidad moral, profesional y patriótica'.
El texto estipula que 'no se consideran crímenes los esfuerzos de los médicos y los trabajadores del sector sanitario si están aplicando los procedimientos necesarios' durante su ejercicio, al mismo tiempo que 'el personal médico es responsable de su trabajo y cualquier incumplimiento de su trabajo será investigado según la ley'.
Sudán está haciendo frente a la emergencia de la COVID-19 con pocos medios y con rígidas medidas para prevenir la expansión de la enfermedad, que de momento ha afectado a 4.800 personas y ha acabado con la vida de 262.
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