Proteger de forma adecuada a los trabajadores de los servicios esenciales y teletrabajar en correctas condiciones son este año, en plena crisis del COVID-19, más necesarios que nunca en el Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebra este próximo 28 de abril.
La declaración del Estado de Alarma confinó a los ciudadanos en sus casas dejando abierto al público sólo aquellos servicios esenciales, sanitarios, supermercados o farmacias, que en muchas ocasiones han continuado trabajando sin los equipos de protección adecuados como han denunciado en numerosas ocasiones los sindicatos.
Tampoco otros sectores que permanecieron activos garantizaban la salud y seguridad de sus trabajadores, siendo los contagios en el ámbito laboral y en los desplazamientos vinculados importantes vectores de propagación del virus.
UGT y CCOO llevan exigiendo desde el principio que los trabajadores que mantengan su actividad cuenten con los equipos de protección individual (EPI) y las medidas de seguridad que les salvaguarden del contagio del coronavirus y garanticen su salud.
Ambos sindicatos recuerdan que los empresarios y las administraciones están obligados por la ley a proporcionar a los trabajadores esta protección, un extremo que vigila además la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Ante la situación de desabastecimiento de dichos equipos y sistemas de seguridad y protección, han solicitado además al Gobierno que proporcione los test necesarios para la detección temprana de posibles positivos y frenar el contagio.
La cuarentena aplicada con el Estado de Alarma ha llevado también a casi la mitad de las empresas españolas a aplicar el teletrabajo, si bien de una forma improvisada, ya sea por no disponer de la tecnología adecuada para ello o por no haber proporcionado a sus trabajadores la formación en seguridad y salud en el trabajo a distancia.
Un estudio elaborado por la firma de recursos humanos Randstad aseguraba que el 42,8 por ciento de las empresas españolas se habían visto obligadas a implantar medidas de teletrabajo para poder continuar con su actividad durante el confinamiento, si bien muchas de ellas de forma improvisada.
Así, la mayoría no contaba con los recursos tecnológicos suficientes ni había ofrecido a sus empleados planes adecuados de formación.
Antes de la crisis, muchos trabajadores deseaban poder teletrabajar, si bien se trataba de una opción poco extendida.
El 68 por ciento de los trabajadores quería teletrabajar pero no podía porque su empresa no se lo permitía, señala un estudio de la misma consultora.
De esta forma, sólo se beneficiaban de esta opción de trabajo a distancia el 7,9 por ciento de los ocupados, unos 1,5 millones de personas, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).
En la situación actual, Gobierno ha flexibilizado la normativa sobre la prevención de riesgos en el teletrabajo, de forma que es el propio trabajador el que evalúa si se cumplen las condiciones requeridas.
El trabajo a distancia, advierte el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, puede entrañar riegos para la salud, entre los más importantes, los de carácter psicosocial.
En el teletrabajo, hogar y puesto de trabajo ocupan un mismo sitio físico, lo que puede afectar a la conciliación de la vida familiar, a la socialización, dado el menor contacto con sus compañeros, o a las dificultades para desconectar del trabajo ante un acceso más permanente.
Ante esta situación, no han tardado en surgir iniciativas como la de Spases, una compañía canaria que oferta a las empresas espacios de teletrabajo en pisos turísticos cercanos a cada empleado con un espacio de trabajo, una silla cómoda, una buena conexión wifi, auto-acceso al inmueble y una máquina de café.
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