Tras una intensa jornada que tuvo como epicentro el Palacio Legislativo, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, disolvió ayer el Congreso que le respondió suspendiéndolo y designando a una sucesora, pese a que el Mandatario arguyó que actuaba según la Constitución. La medida desató una nueva crisis política después de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en marzo de 2018. 

“Que sea finalmente el pueblo el que decida. El cierre que dispongo está dentro de mis facultades contenidas en la Constitución. Dando fin a esta etapa de entrampamiento político. Que se defina en las urnas el futuro del país”, sostuvo el Mandatario en un mensaje a la nación leído en Palacio de Gobierno.

“Estamos haciendo historia y espero que entiendan la importancia de esta lucha. Seguirán encontrando a este presidente a dar la lucha por el Perú”, indicó Vizcarra.

Como dispone la norma en estos casos, el Gobierno de Perú anunció mediante un decreto supremo publicado en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, la convocatoria a elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020.

El decreto supremo citó el artículo 134 de la Constitución, que establece que el presidente está facultado a disolver el Congreso si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros, y que este debe contener la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso, las mismas que deberán realizarse en los cuatro meses siguientes a la disolución.

Una cuestión de confianza interpuesta ayer por el Gobierno sugería efectuar modificaciones al proceso de elección de candidatos al Tribunal Constitucional (TC) al considerar que no había sido transparente y había recaído en numerosos vicios.

No obstante, una vez que el primer ministro la sustentó y se retiró del hemiciclo, el titular del Congreso, Pedro Olaechea, dispuso continuar con el debate para la selección de magistrados del TC, señalando que la cuestión de confianza sería analizada después.

Entonces Vizcarra actuó. Así  lo había anunciado horas antes, cuando veía venir ese estado de cosas.

El Congreso, dominado por el fujimorismo y sus aliados de derecha y extrema derecha, respondió en rebeldía y acusó al mandatario de violar la Constitución por haber disuelto indebidamente la cámara.

Con la ausencia de casi 50 diputados que aceptaron la disolución, la facción restante de 86 votó una resolución para "suspender" por 12 meses por "incapacidad moral" a Vizcarra y nombraron en su lugar a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como "presidenta en funciones".

Esta juró ante esta facción del Congreso, dominada por el fujimorismo.

La también parlamentaria, que consideró que Vizcarra "ha incurrido en grave infracción constitucional", aseguró que es su "deber como ciudadana, como mujer, como madre, y como vicepresidenta asumir este mandato", a pesar de que la decisión de Vizcarra cuenta con un mayoritario apoyo ciudadano.

Sostuvo que ella también comparte "la indignación" popular, pero dijo que la solución a la crisis política "no son las ofertas irresponsables y populistas". 

Esta crisis es el punto álgido de un conflicto abierto entre el Gobierno y el Congreso desde las elecciones generales de 2016, que dejaron un parlamento dominado con abrumadora mayoría por el partido fujimorista Fuerza Popular y la Presidencia en manos de Kuczynski (2016-2018).

Fuerza Popular utilizó su poder en la cámara para presionar al Gobierno y para intentar "gobernar desde el Legislativo", lo que suscitó el rechazo de la población.

El escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht en el país terminó por costarle el cargo a Kuczynski y llevó a la asunción de su vicepresidente Vizcarra, quien encaró el cargo con la misión de enfrentar la corrupción que afecta gravemente a todo el país.

Así, Vizcarra promovió una serie de reformas que lo enfrentaron con el Congreso, identificado como un organismo penetrado por la lacra de la corrupción y que por acción u omisión boicoteó varios intentos para modificar normas y tomar medidas contra los corruptos.

Para solucionar el bloqueo político, Vizcarra propuso en julio un adelanto electoral para renovar tanto la presidencia como el Congreso, propuesta que sin embargo fue archivada sin debate por la Comisión de Constitución del Parlamento, ampliamente dominada por los fujimoristas.