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Perú: Martín Vizcarra disuelve el Congreso y llama a elecciones

Congresistas suspenden al Presidente por "incapacidad" y designan a Aráoz

Perú: Martín Vizcarra disuelve el Congreso y llama a elecciones
TENSIÓN. El presidente peruano, Martín Vizcarra, mientras anunciaba la disolución del Congreso, anoche en Lima. foto: efe

Tras una intensa jornada que tuvo como epicentro el Palacio Legislativo, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, disolvió ayer el Congreso que le respondió suspendiéndolo y designando a una sucesora, pese a que el Mandatario arguyó que actuaba según la Constitución. La medida desató una nueva crisis política después de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en marzo de 2018. 

“Que sea finalmente el pueblo el que decida. El cierre que dispongo está dentro de mis facultades contenidas en la Constitución. Dando fin a esta etapa de entrampamiento político. Que se defina en las urnas el futuro del país”, sostuvo el Mandatario en un mensaje a la nación leído en Palacio de Gobierno.

“Estamos haciendo historia y espero que entiendan la importancia de esta lucha. Seguirán encontrando a este presidente a dar la lucha por el Perú”, indicó Vizcarra.

Como dispone la norma en estos casos, el Gobierno de Perú anunció mediante un decreto supremo publicado en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, la convocatoria a elecciones legislativas para el 26 de enero de 2020.

El decreto supremo citó el artículo 134 de la Constitución, que establece que el presidente está facultado a disolver el Congreso si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros, y que este debe contener la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso, las mismas que deberán realizarse en los cuatro meses siguientes a la disolución.

Una cuestión de confianza interpuesta ayer por el Gobierno sugería efectuar modificaciones al proceso de elección de candidatos al Tribunal Constitucional (TC) al considerar que no había sido transparente y había recaído en numerosos vicios.

No obstante, una vez que el primer ministro la sustentó y se retiró del hemiciclo, el titular del Congreso, Pedro Olaechea, dispuso continuar con el debate para la selección de magistrados del TC, señalando que la cuestión de confianza sería analizada después.

Entonces Vizcarra actuó. Así  lo había anunciado horas antes, cuando veía venir ese estado de cosas.

El Congreso, dominado por el fujimorismo y sus aliados de derecha y extrema derecha, respondió en rebeldía y acusó al mandatario de violar la Constitución por haber disuelto indebidamente la cámara.

Con la ausencia de casi 50 diputados que aceptaron la disolución, la facción restante de 86 votó una resolución para "suspender" por 12 meses por "incapacidad moral" a Vizcarra y nombraron en su lugar a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como "presidenta en funciones".

Esta juró ante esta facción del Congreso, dominada por el fujimorismo.

La también parlamentaria, que consideró que Vizcarra "ha incurrido en grave infracción constitucional", aseguró que es su "deber como ciudadana, como mujer, como madre, y como vicepresidenta asumir este mandato", a pesar de que la decisión de Vizcarra cuenta con un mayoritario apoyo ciudadano.

Sostuvo que ella también comparte "la indignación" popular, pero dijo que la solución a la crisis política "no son las ofertas irresponsables y populistas". 

Esta crisis es el punto álgido de un conflicto abierto entre el Gobierno y el Congreso desde las elecciones generales de 2016, que dejaron un parlamento dominado con abrumadora mayoría por el partido fujimorista Fuerza Popular y la Presidencia en manos de Kuczynski (2016-2018).

Fuerza Popular utilizó su poder en la cámara para presionar al Gobierno y para intentar "gobernar desde el Legislativo", lo que suscitó el rechazo de la población.

El escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht en el país terminó por costarle el cargo a Kuczynski y llevó a la asunción de su vicepresidente Vizcarra, quien encaró el cargo con la misión de enfrentar la corrupción que afecta gravemente a todo el país.

Así, Vizcarra promovió una serie de reformas que lo enfrentaron con el Congreso, identificado como un organismo penetrado por la lacra de la corrupción y que por acción u omisión boicoteó varios intentos para modificar normas y tomar medidas contra los corruptos.

Para solucionar el bloqueo político, Vizcarra propuso en julio un adelanto electoral para renovar tanto la presidencia como el Congreso, propuesta que sin embargo fue archivada sin debate por la Comisión de Constitución del Parlamento, ampliamente dominada por los fujimoristas.

De forma simultánea, los congresistas opositores iniciaron un procedimiento exprés y poco transparente para renovar a los magistrados del Tribunal Constitucional.

La cuestión de confianza que planteó Vizcarra y que se debatió ayer era precisamente para evitar esa maniobra.


Poder Ejecutivo mantiene sus facultades

La "negación fáctica" de la cuestión de confianza implica la dimisión al completo del Consejo de Ministros liderado por el primer ministro, Salvador del Solar, por lo que el presidente Martín Vizcarra deberá nombrar uno nuevo, además de convocar a nuevas elecciones legislativas para funcionar hasta el fin de la vigente legislatura en 2021, aunque ya cumplió con esto último.

Hasta que se realicen las nuevas elecciones en aproximadamente cuatro meses, el Ejecutivo mantiene sus facultades mientras que en el Congreso se queda la comisión permanente, formada por 26 legisladores y con competencias reducidas.


Apuntes

- Para ambas partes queda también la Justicia, que puede dirimir cuál de las dos ha actuado correctamente en esta crisis institucional.

- La clave será determinar si Vizcarra tuvo razón al interpretar como denegada la cuestión de confianza que presentó.

- Un posible litigio por la vía legal -que parece inevitable- tendrá en última instancia que ser resuelto en el Tribunal Constitucional, el órgano que fue detonante último de esta crisis.


1992: El “autogolpe” de Fujimori

Aprovechando la gran crisis de popularidad que atravesaba tanto el Congreso de Perú como la política tradicional en general, Alberto Fujimori (1990-2000) dedicó meses a reforzar el relato de que estos no eran más que un estorbo en la búsqueda de solución a los problemas del país, especialmente en la lucha contra la insurgencia.

La ruptura del orden constitucional se dio finalmente la noche del domingo 5 de abril de 1992, en lo que terminaría conociéndose como el autogolpe del 5 de abril. Fujimori emitió un mensaje a la Nación en el cual ordenaba disolver el Congreso de la República y suspender las actividades del Poder Judicial, mientras las Fuerzas Armadas se desplegaban en las diferentes ciudades. Paradojicamente, el autogolpe fue apoyado por una mayoría de la ciudadanía y significó el fin de la legitimidad democrática.

"Estamos claramente ante un golpe de Estado. Me hace recordar al 5 de abril de 1992. Tendrá que responder ante la ley. Hoy todos los protagonistas del 5 de abril están presos", aseguró ayer el exprimer ministro y portavoz del Partido Aprista, Jorge Del Castillo, sobre la medida asumida ayer por Martín Vizcarra.

 


Decisión presidencial tiene respaldo en varias ciudades

La disolución del Congreso peruano anunciada por el presidente Martín Vizcarra, fue recibida con marchas de apoyo en varias ciudades del país, como muestra espontánea de respaldo a la medida del mandatario.

Las primeras movilizaciones de grupos civiles, políticos y juveniles se concentraron en la céntrica Plaza San Martín, en el casco histórico de Lima, y se desplazaron hacia el Palacio Legislativo.

Las banderas nacionales con los colores rojo y blanco, carteles que reclamaban el "cierre del Congreso" y banderolas del partido izquierdista Nuevo Perú eran portados por los manifestantes que saludaron la decisión de Vizcarra.

En tanto, la Policía montada y camiones antimotines intentaban impedir el acceso de cientos de manifestantes al Parlamento, que llegaban lanzando el lema "Sí, se pudo".

Por su parte, en Arequipa, a 1.030 kilómetros al sur de Lima, diversos grupos políticos, agricultores y pobladores marcharon por el centro de la urbe para celebrar el cierre del Parlamento con carteles que reclamaban que el Legislativo "no nos representa".

De igual forma, la población se movilizó en las ciudades de Cusco, Huancayo, Huaraz, Chimbote, Tacna, Puno y Moquegua, la región natal de Vizcarra que extendió una enorme bandera del Perú en una de sus calles principales para apoyar la medida presidencial.

"Cerraron el Congreso, triunfo popular", gritaban los manifestantes en las calles en Chimbote, al norte de Lima, portando igualmente banderas peruanas.

Vizcarra tomó la decisión después de que el Congreso lo desafiara y eligiera a un nuevo miembro del Tribunal Constitucional (TC).



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