La ONU teme que el espacio democrático se reduzca aún más en Venezuela en caso de que se apruebe una ley que criminaliza las actividades de organizaciones de derechos humanos nacionales que reciben fondos del extranjero.

"Si esta ley es aprobada y se aplica reducirá más el espacio democrático. También lamento los ataques del gobierno contra la independencia de las universidades", dijo la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, al presentar información actualizada sobre la situación en Venezuela.

En la sesión de apertura del Consejo de Derechos Humanos, Bachelet formuló denuncias contra cuerpos de las fuerzas de seguridad por abusos que están bien documentados, pero también reconoció que el gobierno ha hecho últimamente ciertas concesiones a su organismo.

Mencionó que un equipo de su oficina –cuyo tamaño no precisó– pudo volver a trabajar dentro de Venezuela y confirmó que el pasado viernes pudo entrar por sexta vez en el Centro de Procesados Militares Ramo Verde.

También reconoció que, tal como se lo había prometido, el gobierno excarceló a 83 personas, pero hizo hincapié en que queda pendiente la liberación de la jueza María Lourdes Afiuni y del periodista Braulio Jatar.

Las críticas de Bachelet fueron, sin embargo, mucho más numerosas e incluyeron denuncias sobre "casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares".