El Gobierno argentino publicó ayer un decreto para crear un registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento, complementario al archivo de las Naciones Unidas por el cual se guía el país suramericano y en el que busca incluir a Hizbulá.

La decisión se conoce en la víspera del 25 aniversario del ataque a la mutua judía AMIA de Buenos Aires, el peor atentado cometido en Argentina. El hecho dejó 85 muertos, sigue impune y la Justicia lo atribuye al Gobierno de Irán de entonces y al grupo chiita libanés Hizbulá, al igual que el cometido contra la embajada de Israel en 1992, que dejó 29 fallecidos.

Si bien el decreto, firmado por el presidente Mauricio Macri y parte de su gabinete, no menciona a Hizbulá –no considerada como grupo terrorista por la ONU–, miembros del Ejecutivo declaró en los últimos días la intención de que esa organización islamista integre el registro, algo también solicitado durante años por la comunidad judía.