La Iglesia católica de Chile va a colaborar con la justicia para esclarecer los casos de abuso sexual incluso cuando la ley no la obligue, pero seguirá manteniendo inviolable el secreto de confesión aún a riesgo de que bajo este sacramento se puedan ocultar nuevos delitos.
Así se desprende de la declaración final de la 118 asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal de Chile (CECh), que se celebró durante toda esta semana en la ciudad de Punta de Tralca, en la costa central del país, y que concluyó ayer.
La CECh exclamó que "el abuso por parte de consagrados es una herida" que sigue "estremeciendo" a la Iglesia y que de la búsqueda de una mejor manera de ayudar a la justicia para investigar estos casos surgió el "Convenio Marco de Colaboración con el Ministerio Público" que se firmó esta semana.
En opinión de la CECh, este acuerdo supone "un paso más en la colaboración" con la Justicia y compromete a la Iglesia a cooperar incluso cuando no está obligada a hacerlo por ley.
El convenio busca favorecer el intercambio de información entre Iglesia y Fiscalía respecto a denuncias e investigaciones de delitos sexuales cometidos por clérigos diocesanos, protegiendo la confidencialidad de los denunciantes que lo soliciten y respetando siempre la legislación vigente.
"Estamos dando un paso de mayor colaboración. Queremos ser participes de la persecución de estos delitos. El texto del acuerdo va más allá de lo que exige la ley", declaró a la prensa el secretario general de la CECh, el obispo Fernando Ramos.
El compromiso de colaboración expresado por los obispos en su declaración sólo encontró un límite en el secreto de confesión. La CECh dijo haber abordado "con especial atención" durante la asamblea lo relativo al secreto de confesión y aseveró que se trata de un sacramento "inviolable".
"El sigilo de la confesión es inviolable, siempre y en toda circunstancia. En caso de que fuese violado por un clérigo, este tiene la pena automática de la excomunión", afirmó Ramos.
