La líder opositora peruana Keiko Fujimori seguirá en prisión preventiva por 36 meses mientras es investigada por el delito de lavado de activos después de que un tribunal de segunda instancia rechazó ayer el recurso de apelación que presentó a finales de 2018.
La Segunda Sala Penal de Apelaciones resolvió de forma unánime declarar infundado el recurso planteado por Fujimori contra la resolución del juez Richard Concepción Carhuancho, quien el 31 de octubre decretó el ingreso en prisión de la hija del expresidente Alberto Fujimori para evitar riesgos procesales en las investigaciones que se siguen en su contra.
Según el juez, existen indicios de que Fujimori lideró presuntamente una organización criminal enquistada dentro de su partido Fuerza Popular para captar dinero ilícito y así llegar al poder, para después retribuir los favores con actos de corrupción.
La empresa brasileña Odebrecht afirma haber desembolsado de forma irregular un millón de dólares para financiar las campañas políticas de Fujimori y su partido.
La Segunda Sala Penal de Apelaciones, formada por los jueces Octavio Sahuanay, Jessica León e Iván Quispe reconoció en su resolución que la decisión de mantener a Fujimori en prisión se justifica particularmente por el peligro de "obstaculización de la actividad probatoria" que podría haber si es liberada.
ARGUMENTOS
Según el tribunal, los intentos de Fujimori por ocultar los supuestos actos ilícitos y tratar de manipular a los testigos de los mismos "tienen evidencia corroborativa en alto grado de probabilidad" y por tanto "configuran un nivel de obstrucción concreto y no especulativo".
Además, también reconoció que existen "fundados y graves elementos de convicción" para considerar que es presuntamente culpable de cometer el delito de lavado de activos, por lo que se cumplirían los supuestos legales necesarios para dictar una prisión provisional.
