La expresidenta de Argentina Cristina Fernández (2007-2015) denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se han "avasallado" sus derechos durante los registros logrados en los últimos días en sus domicilios, informó ayer a EFE su abogado Gregorio Dalbón.
El letrado explicó que está recopilando datos sobre los operativos ordenados por el juez Claudio Bonadio en el apartamento de Fernández en Buenos Aires y sus casas en Río Gallegos y El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, y que él mismo viajará a Washington "seguramente esta semana" a la sede de la CIDH.
"Les daré el informe y solicitaré veedores y una visita para que puedan observar cómo estaba el lugar antes y cómo quedó después", añadió Dalbón.
En concreto, el "dato principal" para considerar que se han "avasallado" los derechos humanos de la actual senadora es que la comitiva que llegó el jueves 23 a su vivienda de la capital argentina para realizar el registro –que duró 12 horas– expulsó de esta a Carlos Beraldi, otro de los letrados de la expresidenta.
"Echar al abogado, que fue el que abrió la puerta para que el allanamiento se practique, es realmente avasallar los DD.HH.", añadió Dalbón.
SOLICITUD
Fernández, en una carta pública, solicitó hace una semana que no hubiera registros gráficos de los operativos y que estuvieran presentes sus abogados y un senador o senadora designados por ella, algo que el juez no aceptó.
No obstante, desde la defensa negaron que, como publicaron algunos medios, hubiera en las casas bóvedas, documentos u "objetos" que puedan tener una procedencia ilícita y denunciaron que un "tóxico" supuestamente usado por los efectivos policiales en los registros ha afectado a personal de limpieza contratado por la senadora.
