La mayoría sandinista y sus aliados de la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron ayer una declaración de rechazo al Grupo de Trabajo de 12 países creado por el Consejo Permanente de la OEA, que busca apoyar el diálogo nacional y contribuir a la búsqueda de soluciones a la crisis que vive el país.
La declaración, denominada "Rechazo al injerencismo" y que coincide con la posición del Gobierno del presidente Daniel Ortega, fue aprobada con el voto a favor de 70 diputados sandinistas y sus aliados, y 17 en contra, dijo ante el pleno el titular del Congreso, el oficialista Gustavo Porras. El documento legislativo rechaza "la presencia en nuestro país de la Comisión Injerencista impulsada por el Gobierno de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos (OEA)" y repudia la "posición del grupo de miembros de la OEA que violenta la soberanía e interviene en los asuntos internos de Nicaragua".
También respalda la decisión del Gobierno nicaragüense "de no recibir dicha Comisión en nuestro suelo patrio".
El Gobierno de Ortega declaró este miércoles 15 "inaceptable" la presencia de ese Grupo de Trabajo para Nicaragua, al que calificó de "Comisión injerencista". En una declaración, el Ejecutivo nicaragüense atribuyó a ese Grupo de Trabajo haber sido formado y dirigido por Washington en su afán por "seguir interviniendo en los asuntos internos de Nicaragua".
Sus integrantes "no son bienvenidos a nuestro país (...) por lo tanto, no serán recibidos en nuestro suelo patrio", advirtió el Ejecutivo nicaragüense.
La creación del Grupo de Trabajo fue aprobada el 2 de agosto mediante una resolución, que recibió el aval de 20 de los 34 países que son miembros activos de la OEA.
El grupo integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú, tiene por objeto colaborar en el proceso de diálogo nacional en el país centroamericano y articular medidas de apoyo, acompañamiento y verificación. Desde el 18 de abril, Nicaragua está sumergida en una crisis sociopolítica que ha originado, según diferentes organizaciones pro derechos humanos, entre 317 y 448 muertos, aunque el Gobierno cifra las víctimas mortales en 198, lo que convierte en la más sangrienta desde la década de los años 80.
