El indulto al encarcelado exmandatario peruano Alberto Fujimori divide nuevamente a Perú en esta Navidad, marcada por la alegría de sus seguidores y la indignación de sus detractores, quienes buscarán devolverlo a prisión para que termine de cumplir una condena por violaciones a los derechos humanos.

La libertad de Fujimori, condenado a 25 años de prisión por matanzas y secuestros durante su mandato (1990-2000), abre un escenario impredecible en la política nacional, donde el actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, es duramente criticado por haberlo indultado.

El indulto, publicado ayer en el diario oficial El Peruano, no solo exime a Fujimori de seguir en prisión por la muerte de 25 personas en dos matanzas del grupo militar encubierto Colina, sino que también lo libra de ser procesado por otra matanza donde murieron otras seis personas. Los familiares de las víctimas de esos crímenes recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para que anule el indulto, al que consideran como un acto de impunidad, según anunció hoy el abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), defensor de los agraviados.

Lo harán basados en la convicción de que el indulto no se otorgó por las razones médicas aducidas en la resolución, sino por un "acuerdo político bajo la mesa" entre Kuczynski y Fujimori para que el primero pueda seguir gobernando a cambio de la libertad del segundo.

No pasan por alto que Kuczynski firmara el indulto solo tres días después de salvarse de ser destituido por el Congreso gracias a los votos de diez congresistas fujimoristas rebeldes con su partido, liderados por Kenji Fujimori, hijo del exmandatario, quien le había pedido al presidente que indultara a su padre. Además, Rivera criticó la celeridad con que se hizo el tramite, pues apenas pasaron dos semanas desde que se presentó la solicitud, y alertó que uno de los miembros de la junta médica que recomendó el indulto es médico personal de Fujimori.