La justicia española citó ayer al expresidente del Gobierno regional catalán Carles Puigdemont, a 13 exconsejeros, y a los miembros de la Mesa del Parlamento regional (su órgano de Gobierno) a declarar por los delitos de rebelión, sedición y malversación los días 2 y 3 de noviembre.
La jueza de la Audiencia Nacional de España, Carmen Lamela, dictó un auto en el que llama a personarse este jueves en Madrid a Puigdemont, quien está en Bruselas junto a cinco de sus exconsejeros, donde -según informó ayer en conferencia de prensa- permanecerá hasta que tenga "garantías" de un "juicio justo".
Además de la citación para el jueves 2 y viernes 3, la magistrada les dio un plazo de tres días para depositar una fianza de 6.207.450 euros, correspondientes con la cantidad que suman las tres partidas presupuestarias aprobadas para la celebración del referéndum "ilegal" del 1 de octubre y, posteriormente, suspendidas por el Tribunal Constitucional.
Lamela se hizo cargo de la querella presentada el lunes 30 por la Fiscalía española por conexión con la causa que tiene abierta por sedición, en la que investiga al exjefe de la Policía autonómica catalana Josep Lluís Trapero, a la intendente del cuerpo, Teresa Laplana, y a los líderes de las organizaciones independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Estos dos últimos están en prisión preventiva desde el 16 de octubre, mientras que Trapero y Laplana están en libertad pero con medidas cautelares, como comparecencias quincenales, retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y fijar domicilio y teléfono para estar localizable.
En su auto, Lamela explica que conforme al relato expuesto por el fiscal en su querella, los hechos investigados iban dirigidos a proclamar una república catalana independiente de España en una conducta encaminada o dirigida a romper la organización territorial del Estado.
