El Tribunal Supremo indio paralizó ayer cautelarmente la deportación de los alrededor de 40.000 rohinyás en la India mientras examina una demanda contra la intención del Gobierno indio de expulsar a los miembros de esta minoría musulmana que se encuentran en el país alegando "motivos de seguridad".
Hasta la próxima vista del caso, el 21 de noviembre, "el Gobierno no debe deportar" a los rohinyás, afirmó el abogado Prashant Bhushan.
