El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, se presentó ayer en el Congreso para dar su punto de vista sobre la situación en la región de Cataluña, horas después de enviar un requerimiento oficial al presidente de esa comunidad autónoma, Carles Puigdemont, para que aclare, con el lunes (16 de octubre) como límite, si el martes 10 declaró la independencia en su Parlamento.
En el caso de que la respuesta sea positiva, da un segundo plazo, hasta el jueves 19, para que rectifique y vuelva a la legalidad, ya que en caso contrario llevará a la práctica el artículo 155 de la Constitución, que otorga al Gobierno español la facultad de asumir directamente funciones desempeñadas por el gobierno autonómico.
Rajoy dijo ayer a los independentistas catalanes que no habrá mediación posible en su aspiración secesionista en un marco de desobediencia, aunque dejó la puerta abierta a dialogar la forma de mejorar el marco de convivencia "entre todos". Puigdemont anunció el martes 10 que asumía el mandato procedente del referéndum ilegal del 1 de octubre para declarar la independencia, aunque suspendió sus efectos para abrir paso al diálogo.
Según Rajoy, el derecho a decidir, invocado por los secesionistas, "no existe en un país democrático" y añadió que "ni un solo país del mundo" se ha podido tomar "mínimamente en serio" esa consulta del 1 de octubre, "que no resiste la más elemental prueba" de transparencia y neutralidad. En su discurso ante los diputados, Rajoy aseguró que desea "fervientemente" que Puigdemont, "acierte en su respuesta" al requerimiento. Esa respuesta del líder catalán "marcará el futuro de los acontecimientos" de los próximos días, en palabras del jefe del Gobierno español, quien se comprometió a escuchar las aportaciones de todas las fuerzas parlamentarias en el contencioso catalán.
Les recordó a los diputados que "todos" tienen "la obligación de contribuir a mitigar con serenidad" una situación que los españoles están viviendo con "inquietud y zozobra". Rajoy reiteró que lo que tuvo lugar el 1 de octubre fue una votación ilegal para "volar la Constitución, la unidad de España y el Estatuto de Cataluña" y que fracasó "rotundamente". Aseguró que, pese a todo, se puede dialogar de cuestiones como la calidad de los servicios públicos, de cómo financiarlos y de qué manera mejorar el marco de convivencia "entre todos". Pero advirtió de que "no es posible aceptar bajo la apariencia de un diálogo equívoco la imposición unilateral de puntos de vista que se saben imposibles de aceptar por una de las partes".
