El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, enfrenta las consecuencias políticas de su actuar unilateral al pretender expulsar al jefe de un ente anticorrupción respaldado por la ONU sin cumplir con los preceptos constitucionales, y ha empezado a buscar apoyos para encarar la crisis.
Después de que la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló la expulsión del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, Morales buscó refugio con la poderosa cúpula empresarial, los gobernadores departamentales y la Alianza Evangélica, religión que él mismo profesa. En estas reuniones, todas privadas y sin acceso a los medios de comunicación, el presidente recibió, según el Gobierno, el apoyo unánime de estos sectores.
