La justicia brasileña aceptó ayer a trámite una nueva denuncia penal por corrupción y lavado de dinero contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que en julio fue condenado en primera instancia a nueve años y medio de prisión en otro caso por los mismos delitos.
Esta es la tercera vez que Lula pasa a la condición de reo en un proceso judicial en Brasil, aunque el expresidente es procesado en otros dos casos igualmente por las supuestas ventajas indebidas que recibió de empresas que se adjudicaron ilegalmente contratos de la petrolera estatal Petrobras.
En el proceso que fue aceptado ayer a trámite por el juez decimotercero federal de Curitiba, Sergio Moro, Lula es acusado de haberse beneficiado de las reformas millonarias que dos constructoras realizaron en una casa de campo cuya propiedad es atribuida al exmandatario en Atibaia, municipio en el interior del estado de San Pablo.
Moro también aceptó la denuncia penal contra otras 12 personas implicadas en este caso, principalmente ejecutivos de las constructoras que costearon las obras. Entre los ahora reos figuran Marcelo Odebrecht, expresidente del grupo Odebrecht; Léo Pinheiro, expresidente de OAS; José Carlos Bumlai, empresario muy próximo a Lula y que supuestamente intermedió las negociaciones, y Fernando Bittar, un amigo del expresidente y que figura en los documentos como el propietario de la casa.
En su sentencia, el juez alegó que "no hay ningún registro de que Lula haya costeado las reformas", en tanto que los "elementos probatorios permiten concluir" que empresas beneficiadas por los desvíos en Petrobras fueron las responsables por las obras. Según la Fiscalía, las obras en la casa de campo en Atibaia fueron costeadas por Odebrecht y OAS, dos de las empresas cuyos ejecutivos ya fueron condenados en el marco del gigantesco escándalo por los desvíos en Petrobras durante el Gobierno de Lula.
Según la Fiscalía, a pocas semanas de que Lula fuera sucedido en la Presidencia por su ahijada política, Dilma Rousseff, Odebrecht y OAS aceptaron realizar gratuitamente una serie de obras en una casa de campo en Atibaia que la familia del exgobernante visitaba con frecuencia. De acuerdo con la acusación, las dos empresas realizaron en la casa de campo obras por un valor de un millón de reales (unos 312.500 dólares).
