El Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió ayer al Gobierno del presidente, Donald Trump, implementar parte de su veto migratorio y prohibir la entrada al país de algunos refugiados que sean abuelos o tíos de personas que ya viven en territorio estadounidense.
El alto tribunal concedió una victoria parcial a Trump porque, aunque le permitió endurecer los requisitos para los refugiados, determinó que podrán entrar a EE.UU. algunos familiares de los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia).
En una breve orden judicial, el Tribunal Supremo especificó que Trump solo podrá prohibir el ingreso a Estados Unidos de algunos refugiados hasta que haya una decisión definitiva del Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito, con sede central en San Francisco (California).
Los nueve jueces con cargos vitalicios del Tribunal Supremo se posicionaron sobre un recurso que interpuso el Gobierno de Trump el 14 de julio para tumbar el fallo que emitió esa misma semana el juez federal de Hawái Derrick Watson, quien redujo a nivel nacional el alcance del veto migratorio.
Ese juez de Hawái contradijo las directivas emitidas por el Gobierno de Trump y determinó que pueden entrar a Estados Unidos los abuelos, tíos y otros familiares cercanos de refugiados y nacionales de las seis naciones de mayoría musulmana afectadas por el veto migratorio.
Desde la entrada en vigor del veto de Trump, el 29 de junio, solo podían ingresar a Estados Unidos aquellas personas que pudieran demostrar su relación con padres, cónyuges, hijos, yernos, nueras o hermanos que ya estuvieran residiendo en territorio estadounidense.
Excluidos de esa categoría de "familiares cercanos" quedaban los abuelos, nietos, tíos, sobrinos y primos, que no podían servir de ancla a sus familiares en el exterior para tramitar su entrada. La entrada en vigor del veto de Trump a finales de junio fue posible gracias a una decisión del propio Tribunal Supremo, que determinó que la medida podía implementarse de manera temporal hasta que los jueces estudien a fondo su legalidad durante una audiencia, probablemente en la primera semana de octubre.
