Dos fiscales generales demandaron ayer al presidente estadounidense, Donald Trump, por mantener la propiedad de sus negocios y verse expuesto a posibles conflictos de intereses e influencia del dinero de Gobiernos extranjeros, lo que podría violar la Constitución del país.

La demanda, interpuesta ayer por el fiscal general de Maryland, Brian Frosh, y del Distrito de Columbia, Karl Racine, en un tribunal federal se centra en la posibilidad de que países influyan, a través de sus pagos a la "Trump Organization", en el presidente.

Trump decidió no desvincularse de la propiedad de la Trump Organization, un conglomerado inmobiliario internacional, y solamente renunció a sus cargos dentro de la compañía para ceder el poder a sus hijos Eric y Donald Jr.

Los fiscales generales acusaron a Trump, en una rueda de prensa en Washington, de una "flagrante violación" de las provisiones constitucionales contra la influencia del dinero de intereses extranjeros o nacionales, así como de crear una Administración "corruptible".

Los fiscales generales consideran que "nunca antes en la historia de este país" un presidente había tenido un conjunción tan grande de intereses económicos de los que no se ha desvinculado, que ponen "la democracia en riesgo" y levantan sospechas de que Trump tiene en el pueblo estadounidense su principal interés.

Frosh aseguró que esperan que eventualmente los tribunales y, en última instancia, el Tribunal Supremo sienten precedente en este caso y se determine por ley que Trump debe hacer más para garantizar que sus intereses no entran dentro de sus cálculos a la hora de tomar decisiones ejecutivas.

La ley estadounidense no es clara a la hora de delimitar los conflictos de intereses de un presidente y la oposición demócrata en el Congreso ya ha mostrado su intención de legislar para ser más clara a ese respecto.