Brasil estrenó ayer una semana que será clave para determinar el futuro del presidente Michel Temer, quien, acorralado por un gigantesco escándalo de corrupción, mantiene su agenda ocupada en un intento por mostrar normalidad en vísperas del inicio de un proceso que puede costarle el cargo.
Transcurrida buena parte de la jornada, ni el presidente ni ningún miembro de su Gobierno se había referido ayer al tema que mantiene en vilo a Brasil: el juicio que comenzará mañana en el Superior Electoral (TSE) sobre la supuesta financiación ilegal de la campaña que llevó al triunfo a Dilma Rousseff como presidenta, y al propio Temer como vicepresidente, en las elecciones de 2014.
Los siete magistrados que componen el Tribunal deben pronunciarse sobre las denuncias que sostienen que la campaña fue financiada con recursos no declarados de empresas como la constructora Odebrecht, una de las protagonistas de la trama de desvíos orquestada alrededor de la petrolera estatal Petrobras, el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil. En caso de que los magistrados concluyan que la campaña fue financiada con recursos ilegales, el tribunal puede declarar inválida la victoria electoral y despojar de su mandato a Temer.
