El presidente brasileño, Michel Temer, retiró ayer de las calles de Brasilia las tropas del Ejército que había movilizado ante una masiva protesta que demandó su renuncia, pero la presión por su salida aumenta y aviva una incierta crisis.

La protesta que el miércoles 24 llevó a las calles de Brasilia a unas 50.000 personas acabó con graves disturbios y un ministerio parcialmente incendiado, tras lo cual Temer ordenó a las Fuerzas Armadas que se ocuparan de mantener el orden y la seguridad en la capital.

Sin embargo, menos de 24 horas después de que se apostaran los soldados, y en medio de fuertes críticas que llegaron a asimilar la decisión de Temer con los tiempos de la dictadura, ayer la orden fue revocada y las tropas volvieron a los cuarteles.

El ministro de Defensa, Raúl Jungmann, explicó que la retirada se decidió una vez que fue comprobado que habían "cesado los actos de depredación y de violencia, con el consecuente restablecimiento de la ley y el orden". Frente a las críticas, Jungmann sostuvo que el refuerzo de los militares era "necesario" debido al "clima de barbarie" y aseguró que el Gobierno "no tolerará el desorden" y actuará siempre dentro del marco constitucional, para "preservar la vida y la seguridad de las personas". Más allá del nuevo desgaste que causó la salida de los militares a la calle, Temer sufrió hoy otro varapalo, dado por el influyente Colegio de Abogados, del que es miembro en su calidad de profesional del derecho.

Los abogados se dirigieron a la Cámara de Diputados para entregar un nuevo pedido de juicio político contra Temer, que se suma a otros 12 ya presentados por fuerzas de la oposición. La solicitud se fundamenta en graves sospechas que pesan contra de Temer en la Corte Suprema, que le investiga por los supuestos delitos de corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y asociación ilícita, sobre la base de testimonios prestados por ejecutivos del grupo cárnico JBS en el marco de un acuerdo de cooperación judicial.