Un fiscal pidió ayer investigar al presidente argentino, Mauricio Macri, y a otros miembros del Gobierno por la "polémica" negociación de una millonaria deuda con el Estado que mantenía desde 2001 el grupo empresarial liderado por el padre del mandatario relativa al manejo de los servicios del correo oficial.

El pedido fue presentado por el fiscal Juan Pedro Zoni ante el juez federal Ariel Lijo, a quien solicitó investigar a Macri, al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y al director de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa.

En su presentación, Zoni pidió a Lijo "iniciar una investigación criminal tendiente a corroborar la existencia de conductas delictivas" en el marco del concurso de acreedores de la firma Correo Argentino, empresa del grupo Macri que entre 1997 y 2003 tuvo a su cargo la administración del correo oficial.

Según el fiscal, en ese proceso "se observa un perjuicio patrimonial multimillonario en las arcas del Estado y en el patrimonio de los acreedores minoritarios". En su dictamen, Zoni afirmó que Macri "resultaría beneficiario -de forma directa o indirecta- de la sociedad concursada y por ende del acuerdo" que en junio pasado alcanzó el Estado con la empresa para el pago de las deudas.

Poco antes que se conociera el pedido del fiscal, el jefe de gabinete, Marcos Peña, anunció ayer en rueda de prensa que el Gobierno pedirá a la Auditoría General de la Nación (manejada por la oposición) que haga un informe técnico sobre cualquier acuerdo a ratificar. "Acá se ha obrado según la ley en el marco de una discusión judicial y con total transparencia en todo el proceso. El presidente no ha intervenido", dijo Peña.

Acompañado por Oscar Aguad, Peña dijo que pidieron a la Cámara Federal de Justicia que revise de forma integral el proceso y Aguad se mostró dispuesto a comparecer en el Congreso para explicar las actuaciones de su cartera, responsable de intervenir en nombre del Estado en las negociaciones.