El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió ayer a la fiscal general en funciones, Sally Yates, por haber ordenado a todos sus subordinados que no defendieran en los tribunales el polémico veto del magnate a los refugiados y los inmigrantes.

Yates era una sobreviviente de la era del expresidente Barack Obama que seguía en el cargo a la espera de que el Senado estadounidense confirme al nominado de Trump para la Fiscalía General, el controvertido senador republicano Jeff Sessions.

Todo empezó cuando la fiscal general envío una carta a todos los fiscales del Departamento de Justicia filtrada por los principales medios de comunicación del país en la que decía no estar "convencida" de que la orden ejecutiva firmada el viernes 27 de enero por Trump para luchar contra el terrorismo yihadista fuese "legal".

"Soy responsable de velar porque las posiciones que tomamos en los tribunales sean consistentes con la solemne obligación de esta institución de buscar la justicia y defender lo que es correcto", afirmó en la misiva la fiscal general en funciones. "En este momento, no estoy convencida de que la defensa de la orden ejecutiva sea consecuente con estas responsabilidades ni estoy convencida de que la orden ejecutiva sea legal", agregó.

Por eso, Yates ordenó a los abogados del Departamento de Justicia que no defiendan la orden ejecutiva en las demandas interpuestas en su contra en Virginia, Nueva York, Massachusetts, el estado de Washington y California, como mínimo.