En medio de una de las mayores crisis del sistema penitenciario de la historia de Brasil, que mantiene en jaque al Gobierno y a las administraciones estatales, el Ejecutivo de Michel Temer anunció ayer que las Fuerzas Armadas podrán realizar inspecciones rutinarias en las cárceles.

La crisis penitenciaria ha alcanzado "dimensiones nacionales" y requiere de "acciones extraordinarias", admitió ayer el presidente Temer tras participar en una reunión con órganos de seguridad e inteligencia estatales.

La presencia de las Fuerzas Armadas en las prisiones tendrá que ser autorizada por los gobernadores porque, salvo en el caso de las cárceles federales, los centros penitenciarios son responsabilidad de las administraciones estatales.

Mientras, el Gobierno trata de tomar el control de la crisis, los motines continúan sucediéndose en los presidios del país por la guerra abierta entre organizaciones criminales.

El último enfrentamiento se produjo ayer en la prisión de Alcacuz, en Nisia Floresta, ciudad de la región metropolitana de Natal, capital del estado de Río Grande do Norte, donde el fin de semana se registró un motín en el que murieron 26 presos.

Imágenes de presos armados con palos y barras de hierro en los tejados de la prisión, en su mayoría del grupo Sindicato del Crimen de Río Grande do Norte (SDC), desmentían a las autoridades que insistían en que tenían el "control" de la situación.

El gobernador de Río Grande do Norte, Robinson Faria, confirmó que la matanza del fin de semana fue una venganza del Primer Comando de la Capital (PCC) después de que integrantes de la facción fueran reprimidos el 1 de enero en una cárcel de la ciudad amazónica de Manaos, en la que fallecieron 56 detenidos.