Una reyerta entre dos grupos rivales en una cárcel de Manaos, capital del estado de Amazonas, terminó ayer en masacre, con, al menos, 60 muertos, un suceso que dejó patente la guerra por el control de las cárceles en Brasil.
La sublevación comenzó en el Complejo Penitenciario Anísio Jobim (Compaj) la tarde del domingo 1, cuando miembros de Familia do Norte (FDN), que mantienen el control sobre la prisión, inició una disputa con integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC), que mantiene el poder en la región de San Pablo.
La sublevación dejó un reguero de sangre en el presidio, donde decenas de personas fueron brutalmente asesinadas -con descuartizamientos y decapitaciones- y amontonadas en diversas áreas comunes del complejo, situado en las afueras de Manaos. La mayoría de los asesinados lo integra el PCC, al que la FND quiso mandar un "recado" sobre su poder en la región, según informó ayer el secretario de Seguridad Pública del estado, Sergio Fontes.
"Sólo hubo muertes en un lado. La FDN masacró a los supuestos integrantes del PCC y algún que otro preso. No hubo contrapartida de la otra facción", precisó. Para el secretario, la "masacre" fue "un capítulo más de la guerra silenciosa" que el narcotráfico impone en Brasil y que, a su juicio, "no puede ser enfrentada tan solo por los estados". La Secretaría de Seguridad Pública de Amazonas confirmó que se trató de la "mayor masacre del sistema de prisiones" de la región y la principal matanza entre presos de la historia de Brasil, cuyas cárceles viven una situación crítica.
En la lista de tragedias carcelarias, sin embargo, sobresale la que hace 24 años tuvo en una Casa de Detención de San Pablo, popularmente conocida como Carandiru, en la que murieron 111 reclusos, la mayoría a manos de la policía durante una invasión al presidio tras un motín. "Infelizmente estamos delante de la mayor y más horrible masacre en los presidios de Brasil", aseguró Epitácio Almeida, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Orden de Abogados de Brasil (OAB) en Amazonas, quien coordinó las negociaciones con los presos y trabajó por la liberación de 12 funcionarios que habían sido hechos rehenes. El secretario de Seguridad Pública resaltó que la reyerta en el complejo penitenciario de Manaos es una muestra de la "guerra" que las facciones criminales han iniciado en busca de su "espacio" a nivel nacional, tanto dentro como fuera de los presidios.
