El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se sentará en el banquillo de los acusados tres veces, después de que un juez aceptó el miércoles 12 una nueva denuncia en su contra por sospechas de corrupción.
Lula, el presidente más popular de la historia de Brasil, se enfrenta a dos juicios por corrupción, en ambos casos por recibir presuntos pagos y favores de constructoras, y en el tercero por haber tratado de callar a un testigo que le señala como uno de los cabecillas de la red que saqueó la petrolera estatal Petrobras durante al menos una década.
El exmandatario (2003-2011), que cumplirá 71 años dentro de dos semanas, también es investigado por el Tribunal Supremo por su presunta participación en los desvíos de fondos millonarios de la petrolera, pero en este caso no es considerado reo ni se le imputa ningún delito. Las tres imputaciones se han producido en un estrecho margen de dos meses y medio, entre el 29 de julio y ayer. El líder del Partido de los Trabajadores (PT) ha rechazado todas las acusaciones y ha denunciado insistentemente que es blanco de una persecución por parte de los tribunales, con el objetivo de evitar que sea candidato en las elecciones presidenciales de 2018.
Los abogados de Lula afirmaron ayer en un comunicado que el exmandatario es víctima de una "guerra jurídica" que se sostiene en "acusaciones absurdas y sin pruebas", como es el caso de la nueva denuncia, según ellos. La denuncia más reciente, aceptada ayer por el juez Vallisney de Souza Oliveira, del Tribunal Regional Federal de la Primera Región, acusa a Lula de recibir sumas millonarias de la constructora Odebrecht por haber favorecido a esta empresa, presuntamente de forma ilegal, desde 2008, cuando aún era presidente.
Según la acusación, Lula presionó al banco de fomento de Brasil, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), para que concediera créditos a Odebrecht.