La Corte Suprema de Brasil aceptó ayer las denuncias de presunta corrupción formuladas contra la senadora Gleisi Hoffmann y su esposo y exministro Paulo Bernardo Silva, dos emblemáticas figuras del Partido de los Trabajadores (PT).
Hoffmann fue ministra de la Presidencia en el primer Gobierno de la exmandataria Dilma Rousseff, destituida el 31 de agosto por irregularidades fiscales, con quien su esposo ocupó la cartera de Comunicaciones, tras haber sido ministro de Planificación en la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva, líder incontestable del PT. Ambos han sido acusados de recibir financiación ilegal para sus campañas por parte de empresas implicadas en la red de corrupción que operó en la estatal Petrobras.
Según la denuncia presentada por la Fiscalía General, que está cargo de esas investigaciones junto con la Policía Federal, Silva y Hoffmann recibieron al menos un millón de reales (hoy unos 310.000 dólares) de esa red, que no fueron debidamente declarados al fisco y a los funcionarios electorales. Hoffmann cobró notoriedad en los últimos meses en el marco del juicio político.