La comisión del Senado brasileño a cargo del juicio político contra la presidenta suspendida, Dilma Rousseff, concluyó ayer sus debates con duras polémicas en torno al informe del instructor, que será votado mañana y pide destituir a la mandataria.
Los partidarios de Rousseff, en franca minoría en la comisión formada por 21 senadores, insistieron en que el proceso es "ilegal" y constituye un "golpe", e intentaron descalificar el informe del instructor, Antonio Anastasia, que acusa a la mandataria de haber "atentado contra la Constitución".
Esta sesión precedió a la que será celebrada mañana, cuando los 21 miembros de la comisión decidirán por mayoría simple si acogen el informe de Anastasia, que será remitido al pleno del Senado, donde será sometido a una primera votación el martes 9.
Las acaloradas discusiones de ayer dieron el tono de la votación prevista para mañana y también confirmaron que el escaso apoyo a Rousseff que existe en la comisión. Sólo cinco de los 21 miembros de ese colegiado adelantaron que rechazarán el informe del instructor y todos pertenecen al arco de izquierdas.