Los abogados del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva presentaron ayer una demanda al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, en la que denuncian la presunta "persecución judicial" que sufre su cliente, investigado por corrupción.
El Instituto Lula, que dirige el exmandatario, informó sobre la presentación de la demanda, que fue encargada al abogado australiano Geoffrey Robertson, especialista en derechos humanos, quien explicó los términos de la acción en un vídeo grabado en Ginebra, a las puertas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Según Robertson, Lula "ha visto su privacidad escandalosamente invadida. Su teléfono, los de sus familiares y los de sus abogados fueron intervenidos. El contenido de muchas de esas conversaciones fue enviado a la prensa y todo eso contraría leyes internacionales y las reglas básicas que protegen la privacidad individual".
En el vídeo, difundido por el Instituto Lula, el abogado afirma que "todo esto está siendo hecho por un juez que puede ser un buen investigador de la corrupción, y la corrupción debe ser investigada, pero cuando se trata de juzgar es preciso tener a alguien completamente imparcial".
Alude así al juez Sergio Moro, responsable de la investigación de las corruptelas en la estatal Petrobras y que con ese proceso ha llevado a prisión a influyentes políticos y poderosos empresarios, lo cual le ha dado fama de inflexible e inusualmente duro.
Según Robertson, la imparcialidad "es una de las grandes normas" que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU "garantiza" y que ya "defendió en el pasado y defenderá ahora", en el caso de Lula.
"Los jueces no pueden ser acusadores", sostiene el abogado, quien apunta que hay "una cuestión preocupante en Brasil y otros países de América Latina, que tienen viejos sistemas inquisitorios, en los cuales los fiscales y los jueces pueden arrestar sin fianza a una persona antes del juicio".
