Un informe elaborado por técnicos del Senado brasileño señala que no existen pruebas de que la suspendida presidenta Dilma Rousseff participara en las maniobras fiscales que supusieron la apertura del juicio destituyente que está siendo tramitado por la Cámara alta, informaron ayer fuentes oficiales en ese país.
De acuerdo con el informe de 223 páginas y que fue realizado a petición de la defensa de Rousseff, la mandataria fue responsable de la emisión de una serie de decretos que alteraban los presupuestos sin la pertinente autorización del Congreso. Sin embargo, según una nota divulgada por el Senado, los técnicos del Senado no encontraron pruebas de que Rousseff participara en los atrasos en el pago de créditos a la banca pública, considerados por la oposición como maniobras fiscales y que, de acuerdo con la acusación, supondrían un crimen de responsabilidad, lo que podría terminar con la destitución de la jefe de Estado.
Según establece la acusación, el Gobierno atrasó sistemáticamente el envío de recursos a los estatales Banco do Brasil, Caixa Económica Federal y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), unas cantidades que supuestamente fueron utilizadas para pagar programas sociales en un año electoral.
Esas prácticas, que datan de 2014 y se mantuvieron en 2015, dieron sustento a la acusación que llevó a la apertura del juicio político contra Rousseff, quien el pasado 12 de mayo fue suspendida de sus funciones y sustituida en forma interina por su entonces vicepresidente, Michel Temer.
Rousseff siempre ha mantenido que las supuestas maniobras fiscales que motivaron la apertura del juicio político son parte de los manejos contables habituales de cualquier Gobierno en Brasil.
La fase procesal concluirá a fines de julio, cuando el instructor de la comisión presentará un informe en el que deberá recomendar la destitución de la mandataria o que la causa sea archivada.
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